STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Pamela Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Silvia Chávez González / la Jornada / Ahora Noticias Mx
Toluca, Méx. Familiares, colectivos y civiles, que pugnan por la libertad de Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí con derecho a una amnistía concedida desde el 25 de marzo del 2025, cumplieron cuatro días en plantón frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y exigen se cumpla con la extinción de la acción penal; la madrugada de este sábado alertaron de un probable desalojo.
“Nuestra lucha es pacífica porque se haga justicia, pedimos se pronto la amnistía, sé que mi esposo es inocente”, planteó en entrevista Carmen Flores Anastacio, esposa de Tomás quien la madrugada de este sábado dio la voz de alerta debido a la llegada de agentes ministeriales cerca del campamento, pero los oficiales se limitaron a custodiar la valla metálica que resguarda el edificio de la Fiscalía en el centro de Toluca.
La señora Carmen explicó que, en abril del 2013, Tomás acudió al Ministerio Público de Lerma, para denunciar a su sobrino quien disparó contra un civil a quien quitó la vida. Sin embargo, su esposo fue detenido, sujeto a proceso penal y sentenciado a 43 años de prisión, “él hizo lo correcto y fue acusado de un delito que no cometió”, planteó.
Explicó que después de 12 años, en marzo del 2025, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se pronunció por una amnistía para Tomás. Argumentó que el imputado fue juzgado sin perspectiva indígena,pues se confirmó que es indígena otomí residente de Temoaya, que fue juzgado sin intérprete, no tuvo un abogado especializado con conocimiento de derecho de cultura indígena.
Además, fue víctima de tortura, nunca hubo orden de aprehensión en su contra, la persona que presentó la denuncia por el homicidio del civil deslindó al señalado como responsable del delito, y hubo una reiterada violación al debido proceso.
El año pasado el Juez del caso solicitó la reparación del daño por 640 mil pesos, recursos que fueron pagados en agosto del 2025. La Defensoría Pública del Poder Judicial estatal aportó 300 mil pesos del fondo de reparación de daño, y Carmen empeñó su casa, y familiares y conocidos le ayudaron a juntar el otro tanto, explicó doña Carmen también indígena otomí.
Dijo que durante un primer plantón frente al Poder Judicial, autoridades de la institución llamaron a los manifestantes a tener paciencia, debido a que apenas se integró la Sala de Asuntos Indígenas, y en algún momento podría ser revisado el expediente del caso. En espera de la instalación de la sala, los manifestantes trasladaron su protesta a la FGJEM, el miércoles de esta semana.
La familia de Tomás ha tenido el apoyo y acompañamiento de la Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), el colectivo “Haz valer mi libertad” y la asociación Lázaro Cárdenas, y de familias que de igual forma tienen presos inocentes, y piden un diálogo con el Fiscal José Luis Cervantes, “queremos ser escuchados, pues son varios los casos y como ciudadanos pedimos mesa de diálogo para exponer los proceso y se haga justicia”, planteó doña Carmen.
A sus 52 años, don Tomás sigue preso en el Penal de Santiaguito. En tanto, su sobrino fue ingresado al Centro de Detención para Adolescentes, y ya fue puesto en libertad. Este fin de semana sigue el plantón frente a la FGJEM, en espera de atención para exponer casos de civiles imputados de manera injusta.
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