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Crisis de desapariciones en CDMX, la realidad que el Mundial no puede ocultar

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Ximena Arochi / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Matrix Network México / Por: Redacción 

Familias de desaparecidos en la CDMX planean protestar en la inauguración del Mundial 2026 para denunciar investigaciones estancadas, protocolos incumplidos y centros forenses prometidos que siguen sin construirse mientras el gobierno invierte millones en el torneo. 

CIUDAD DE MÉXICO “No jueguen con nuestro dolor”, con esa consigna, familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México se preparan para protestar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, y colocar su reclamo en el principal escaparate internacional del país: mientras el Estado acelera obras, recursos y atención para el torneo, ellos siguen buscando a sus hijos entre investigaciones estancadas, protocolos incumplidos, evidencias perdidas y una “crisis de desaparición e identificación forense” que, denunciaron, no es atendida con la misma urgencia.

El gobierno encabezado por la morenista Clara Brugada se alista para recibir turistas, cámaras y espectáculos, frente a una ciudad que en los primeros tres meses de 2026 registró 711 reportes de personas desaparecidas, con 251 personas aún no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

Lo anterior quiere decir que este año, en la capital mexicana, se reportaron un promedio de 8.3 desapariciones diarias. Desde que comenzó el registro, en enero de 1952, la CDMX acumula un total de 6 mil 16 personas desaparecidas y no localizadas.

Los números tienen nombre y apellido. Está, por ejemplo, el de Ana Ameli García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Pico del Águila del Ajusco, en Tlalpan, cuando tenía 19 años. 

También el nombre de Olin Hernando Vargas Ojeda, secuestrado y desaparecido la noche del 26 de noviembre de 2024, con sólo 24 años, luego de haber sido inducido con engaños al Valle del Tezontle, también en el Ajusco, una zona en el sur de la ciudad que se encuentra a 15 kilómetros del Estadio Banorte, que el 11 de junio se convertirá en el único recinto en el mundo en recibir tres veces la inauguración del Mundial.

Las historias que sostienen la protesta

En entrevista con Proceso, las familias de ambos jóvenes, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), narraron la desaparición de sus hijos y la forma en la que las instituciones reaccionaron –o no reaccionaron– ante la crisis.

En el caso de Ana Ameli García Gámez, su madre, Vanessa Gámez, compartió que desde las primeras horas de la desaparición enfrentó una reacción institucional que, a su juicio, fue tardía e ineficaz: “La respuesta no es inmediata, aunque hay un Protocolo Alba para perspectiva de género por ser joven de 19 años, estudiante, pues niña de casa que solamente fue a hacer senderismo. Entonces te das cuenta de toda la deficiencia que existe dentro de las autoridades”.

Además, consideró que las líneas de investigación pueden ser insuficientes y exponer los casos a la pérdida irreparable de un tiempo vital en la localización de personas: “Aunque se hicieron tres, casi cuatro semanas intensas de búsqueda pensando que podía haber sido un accidente, pues se perdió tiempo en que se reconociera que el Ajusco es un lugar donde existen bandas de crimen organizado, desde el robo a mano armada o robo a transeúnte, de robo de autopartes, hasta crimen organizado en donde tenemos talamontes, tenemos cárteles”. 

“Después de ocho meses tampoco sabemos nada, ni tenemos una pista certera a qué seguir, porque no se han desahogado o descartado las primeras líneas de investigación”, agregó la madre.

El caso de Olin Hernando Vargas Ojeda es igual un reflejo de la actuación tardía de las autoridades. Su padre, Fernando Vargas, describió un abandono institucional desde el primer momento: “Desde las primeras horas tuvimos comunicación con el entonces fiscal Ulises Lara (actual fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, FGR) y simplemente se limitó a decirnos que presentáramos nuestra denuncia en el Ministerio Público. El Ministerio Público no nos recibió la denuncia ni tampoco la policía nos prestó ayuda”.

El buscador también denunció pérdida de evidencia, retrasos en su análisis y falta de seguimiento a líneas de investigación: “Nosotros responsabilizamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la integridad de la vida de nuestro hijo, precisamente por esos errores cometidos desde el primer momento sin seguir protocolos de búsqueda ni de investigación en estos delitos de secuestro y de abuso”.

“Yo diría que hay una crisis institucional de muchas autoridades, de muchas reglas de competencia, fiscalías generales, fiscalía local, policía y ninguna da resultados. De esto habla también lo que se ha escrito sobre el grado de impunidad del delito de desaparición de personas, que es de casi el 100%. O sea, es absoluta la impunidad en este tipo de delitos”, añadió.

Ambas familias se presentaron en las instalaciones de esta redacción con las fichas de desaparición de sus hijos impresas y una manta en la que escribieron: “¡Que no se juegue con nuestro dolor! Seis mil desaparecidos en la CDMX”.

Vanessa Gámez fue clara con su postura: “Si a Ameli le gustara el futbol, hoy no va a estar para verlo; si a Hernando le gusta el futbol, tampoco va a estar para ver el Mundial, y eso es lamentable, porque en nuestras casas hay sillas vacías, hay comedores que lo siguen esperando. No sabemos si comen, ni siquiera sabemos si están vivos o qué les han hecho. Y eso debe doler, eso debe causar dolor”.

Desapariciones desplazadas

La protesta, en ese sentido, representa la decisión de las víctimas indirectas de llevar la crisis de desapariciones al centro simbólico de un evento global.

“Es mostrarle al mundo que sí hay una crisis de desaparición, que no es seguro venir a México, y que a nuestra a nuestra presidenta (Claudia Sheimbaum) y a nuestras autoridades lo que les interesa es solamente el Mundial. Que eso es lo que les importa, pero que lo que estamos sufriendo, el dolor que estamos viviendo de no tener a nuestros hijos con nosotros, a nuestros familiares que han sido desaparecidos, que han sido privados de su libertad ilegalmente, eso no les importa”, sentenció Gámez.

Lo que las familias buscan, de acuerdo con sus propias palabras, no es reventar el torneo ni confrontarse con quienes asistirán a los partidos. Quieren irrumpir en la narrativa oficial del Mundial con una realidad que, sostienen, está siendo desplazada.

Penny Ramírez, asistente de incidencia del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), lo describió así: “Hay muchas veces que sienten como este abandono institucional y que lo están haciendo solos y que de repente llega un evento de tal magnitud que toda la atención se vuelve hacia este evento deportivo y ellos otra vez quedan un poco como hacia la deriva”. 

La especialista explicó que la inconformidad se vincula con compromisos pendientes en materia de búsqueda e identificación forense. “Hay una deuda muy grande con las familias en cuestión de infraestructura para la búsqueda de personas desaparecidas. (...) Llevas meses prometiéndoles que ya va a estar el Centro de Identificación Forense y el Centro de Resguardo Temporal y no hay una claridad de cuándo se va a entregar, pero sí hay una inversión millonaria en función de la infraestructura para el mundial, pero no para las familias”.

Ha pasado casi un año desde que Brugada presentó la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, el 28 de abril de 2025. Los centros mencionados por Ramírez forman parte de los compromisos asumidos por la mandataria en ese entonces, que continúan pendientes.

 Llevar la crisis al escaparate del Mundial

Los padres de Ana Ameli García Gámez y Olin Hernando Vargas Ojeda adelantaron que la movilización está planteada para desplegarse en los accesos al Estadio Banorte durante la inauguración del Mundial.

Contará con la participación de familias buscadoras independientes y colectivos de la Ciudad de México, entre ellos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles, Mariposas, Armadillos —que participan de forma solidaria—, Buscando a Pamela Volante y Familias Unidas por una Causa.

Las familias prevén distribuirse en distintos puntos de ingreso, incluso en zonas cercanas al estadio, para visibilizar los casos antes de que los asistentes entren al evento.

La dinámica central consistirá en el uso de playeras blancas y fichas de búsqueda con los rostros y datos de personas desaparecidas. Para organizar la participación, prepararon un registro mediante código QR que permitirá a quienes se sumen inscribirse, ubicar puntos de encuentro y acceder a fichas para imprimir o portar durante la jornada.

La intención es que los asistentes al partido también participen en la visibilización, ya sea portando las fichas o mostrándolas durante el evento, de modo que los rostros de personas desaparecidas estén presentes tanto en los accesos como dentro del estadio, aprovechando la exposición mediática y la transmisión internacional.

“Solamente quienes tienen el recurso podrán entrar a ver este espectáculo, pues que lo hagan, que nos ayuden de esa forma, que se pongan de blanco, que se impriman una ficha; si tuvieron para un boleto de más de 100 mil pesos, podrían imprimir una ficha de un desaparecido y dentro del estadio mostrarla”, precisó Vanessa Gámez.

Además de la intervención en el entorno del estadio, las familias ya comenzaron a llevar el reclamo a embajadas de países participantes en el Mundial, donde buscan compartir cifras y advertir sobre la crisis de desapariciones en México: “A decirles que si alguno de sus ciudadanos viene y desaparece, no lo van a encontrar, no lo van a buscar porque no hay recursos”.

Sandra Delia Ojeda Rivera, la madre de Olin Hernando Vargas Ojeda hizo un cálculo simbólico para dimensionar la magnitud de la problemática: “Si en el mundial tratáramos de darle un lugar a nuestros desaparecidos en el Estadio Azteca, es insuficiente, necesitamos dos estadios para colocar a nuestros desaparecidos”.

Ésa es la ciudad que las familias quieren colocar frente al Mundial: no la de los anuncios, los accesos, los operativos y la infraestructura, sino la de las sillas vacías, los expedientes abiertos, las búsquedas inconclusas, las madres que se organizan para repartir fichas en vez de recibir respuestas, y los hijos que no están. 

Del caso de Víctor Aramburu y Jonathan Pérez los Resentidos de Capital 21

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Magdalena Pérez Selvas / Ahora Noticias Mx 

Columna Invitada 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Por: Redacción 

Víctor Aramburu fue despedido de Capital 21 por acoso laboral y digital. Estemos de acuerdo o no, lo cierto es que la izquierda no puede permitir discursos de odio. 

La Mesa Roja explicando el Caso de Victor Aramburu y Jonathan Perez en Capital 21 

Ya en algunas ocasiones había visto el programa de Capital 21 en el que participaba Aramburu. Lo más absurdo en los medios parecía una buena idea, desnudaba a los medios hegemónicos, sus mentiras, sus manipulaciones y sí, sus absurdos. Sin embargo, el programa, lejos de hacer un análisis mediático serio, poco a poco derivó en burlas. Y me empezó a parecer que algunos de sus integrantes, entre ellos Aramburu, no hacían una revisión amplia y estudiada, se conformaban con citar, por ejemplo, una y otra vez a Atypical TV, los más obvios, sin ir más allá. 

Nada qué ver, por ejemplo, con el análisis mediático que hacen Manu Levín y Estefanía Veloz en La Base. La revisión es amplísima, presentan a las audiencias titular tras titular, así como clips de los más diversos medios; muchas veces, además, acompañados de historia y análisis filológicos que permiten al público entender cómo, desde el lenguaje, se construye la manipulación mediática.

El caso es que quizá por la misma falta de profundidad periodística, Víctor Aramburu malinterpretó unos dichos de la abogada Carla Escoffié, quien pidió derecho de réplica a Los más absurdo en los medios, y aunque la tuvo, no hubo por parte del programa disculpas ni aclaración alguna. Al parecer lo que siguió fueron más burlas que se dieron tanto en el programa como en redes sociales. Y aquí es donde todo explotó.

Ante el acoso en redes que empezó a padecer Carla Escoffié, Teresa Rodríguez de la Vega, académica en la UNAM y co-conductora del programa La mesa roja, posteó en apoyo de la abogada, el acoso digital, entonces, se trasladó a ella. A su vez, sus compañeras del programa de La mesa roja la apoyaron y el acoso fue para todas.

Es así que ellas decidieron presentar una denuncia que derivó en el despido de Aramburu. No es lo que buscaban, aclararon, sino una disculpa pública. Sin embargo, esa fue la resolución del canal y el debate actual se encuentra dividido entre si es censura o justicia. 

Lo cierto es que La mesa roja presentó un estudio muy detallado que demuestra el acoso sistemático en redes sociales para demostrar el patrón de misoginia que detona la violencia. Además, se encontraron con que ya había denuncias previas, una de ellas de la muy mediática en redes sociales, Dahlia de la Cerda. 

Dichos como “perras”, “zorras”, “putas”, “piernas” aparecen en el análisis de las cuentas que acosaron a las integrantes de La mesa roja. Y ni qué decir de las abiertas amenazas del tipo “Esto apenas empieza” e, incluso, la publicación de fotos privadas de las involucradas. 

Y esto es lo que realmente debe llamarnos la atención del caso de Víctor Aramburu: cómo los debates, que son necesarios para la salud de una sociedad, derivan en discursos de odio. “No son críticas, sino contenidos violentos”, comentó Ingrid Urgelles, una de las conductoras a quien, por ejemplo, pusieron el mote de “Argüendes”.

De acuerdo al estudio presentado por las integrantes de La mesa roja, bastaba un post de Víctor Aramburu –cargado de contenido misógino y violento– para que se sumaran más cuentas a los insultos. Y aquí es donde tenemos que tener los ojos bien abiertos, porque ese mismo estudio demostró que el 93% de las cuentas eran orgánicas y sólo 7% mostraban rasgos de automatización. Es decir, gente de carne y hueso está participando de estos discursos de odio, es gente real la que se suma a las ofensas y al hostigamiento de otras personas. 

Esto nos debe interesar a todxs porque los discursos de odio son peligrosísimos, sean en contra de las mujeres, de las diversidades, de las minorías o de alguna persona en particular, empobrecen el debate público y nos llenan de miedo, odio e intolerancia, dividiéndonos. 

Y lo más triste y aleccionador de este caso, es que este tipo de situaciones nazcan desde los medios públicos, desde las redes de izquierda o desde las personas que dicen apoyar proyectos progresistas porque de lo que nos damos cuenta es que, en realidad, reproducen las peores prácticas de la derecha, cuya agenda –todos lo sabemos gracias a la historia– sí es continuar reproduciendo los desequilibrios sociales.

La izquierda, dijo Sabina Berman en un programa en donde tuvo como invitadas a las integrantes de La mesa roja, está intelectualmente mucho mejor preparada que la derecha. Y es cierto, basta ver los memes que comparten desde la derecha, generalmente imprecisos, generalmente violentos. 

Pero precisamente por eso tenemos la obligación de proponer y realizar una conversación social informada, desde la historia, desde los datos, desde los hechos, no desde las vísceras. Y es por esto, también, que como sociedad en general, tenemos que informarnos, leer, saber de historia, hacer análisis mediáticos y aprender a debatir sin violencia, sin insultos personales. 

En todo caso, todxs aspiramos a construir mejores sociedades que convivan de manera más compasiva entre sí y con el mundo que habitamos, y esa construcción encuentra base en la manera en que nos comunicamos. 

Esta es sólo mi opinión personal y no es importante. 

Recordando el Caso de Víctor Aramburu ex director de Capital 21 señalado por Violencia Digital y Acoso a Periodistas

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Matrix Network México / Ahora Noticias Mx 

 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Medios Públicos / Capital 21

Victor Arámburu fue separado de su cargo en Capital 21, un medio público mexicano, tras ser denunciado por violencia digital y expresiones machistas.

Las denuncias, presentadas por el colectivo La Mesa Roja (folios 006/2025 y 008/2025), señalaban que Arámburu realizó más de 300 publicaciones y retuits en redes sociales con mensajes ofensivos y despectivos dirigidos a mujeres, incluyendo periodistas como Daniela Pastrana e Ingrid Urguelles.

Entre los calificativos utilizados se encontraban frases como «pluma rancia» y «mente deficiente», además de alusiones a la vida privada y profesional de las denunciantes.
La Defensoría de Audiencias del canal determinó que estas acciones crearon un ambiente hostil con el fin de intimidar y desacreditar públicamente.

Aunque Arámburu usó su cuenta personal en X (antes Twitter), se destacó que, al ser una figura vinculada a un medio público, debía ajustarse a un código de ética que promueve la igualdad de género y el respeto. 

La titular de la Defensoría, Karla Prudencio Ruiz, recomendó una disculpa pública y cursos de sensibilización en derechos humanos y prevención de violencia digital.
Al no cumplir con estas medidas, Capital 21 decidió separarlo de su cargo. 

Este fallo establece un precedente en los medios públicos mexicanos, enfatizando que el comportamiento de sus colaboradores, incluso fuera del ámbito laboral, debe alinearse con principios de no discriminación y respeto. 

Radios universitarias, otro espacio que violenta a mujeres periodistas

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Wendy Rayón Garay / CIMAC  / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Matrix Network México / Laboratorio de IA

Ciudad de México.- Mujeres periodistas quienes laboran en las radios universitarias denunciaron que en sus entornos laborales enfrentan prácticas injustas, salarios precarizados, omisiones en sus denuncias por acoso y abuso sexual y lejos de encontrar garantías de no repetición las instituciones han optado por censurarlas, callarlas o hasta quitarles sus empleos.

Esto fue denunciado durante el conversatorio «La violencia laboral en las radios universitarias: lo que ocurre detrás del micrófono», organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el cual fue conducido por Olimpia Martínez Ramírez integrante del Programa de Libertad de Expresión.

El conversatorio contó con la participación de las periodistas y comunicadoras Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos; Jessica Trejo Gómez, productora, radiofónica y documentalista sonora; Jaqueline García López, licenciada en Letras Hispánicas y profesora en lengua extranjera; Ariana Lizeth García Partida, profesora de educación media superior, quienes en conjunto compartieron sus experiencias y observaciones de violencia ejercida en este espacio.

La violencia ejercida contra las comunicadoras y periodistas no es un fenómeno aislado, desde Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se ha documentado un total de 338 agresiones contra ellas durante el 2025, siendo que ese año fue señalado como el más riesgoso en comparación con el monitoreo realizado en otros años.

De acuerdo con Olimpia Martínez Ramírez, desde Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se ha detectado un avance sistemático de la violencia contra comunicadoras y periodistas que va en aumento, particularmente en los medios universitarios como radio, prensa, televisión, entre otros. Los hallazgos de la organización revelan que se relacionan con las condiciones laborales y las estructuras de poder.

Jessica

Jessica Trejo Gómez, productora y documentalista sonora, llegó a trabajar a Radio UNAM desde que realizó su servicio social en las instalaciones, pese a sus estudios en Letras Hispánicas comenzó a tomar algunos diplomados en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para formarse. Con el tiempo logró integrarse a Radio Uno en donde estuvo dos años y medio con un contrato por honorarios de 5 mil pesos mensuales por el cual cubría 8 horas diarias con descansos durante los fines de semana.

Compartió que el horario era estricto y tenía que cumplir con todas las tareas que le asignaban pero cuando se cambió al área de producción tuvo mayor carga de trabajo porque estuvo a cargo de dos mini producciones y una producción grande por el mismo salario y bajo las mismas reglas. Aunque ese proceso lo vivió desde una curva de aprendizaje, Jessica describió que se desilusionó al tener un empleo precario haciendo una de las actividades que más le gusta: trabajar en la radio.

Desde su experiencia observó faltas de contrato, falta de claridad en las responsabilidades que generan vacíos institucionales, omisiones ante denuncias laborales, modificaciones en el contrato donde las trabajadoras son llamas a una categoría menor como «proveedoras de servicios», plazas dadas a hombres de confianza y doble carga laboral.

Sin embargo, lo que más le afectó fue que al preguntar por una plaza desocupada, la institución quiso asignarle las responsabilidades de dicho cargo sin la remuneración económica que le correspondía.

El asunto escaló hasta que Radio UNAM congeló a Jéssica de sus actividades por casi un año en esa área y la trasladaron a otra sin consultarla. Particularmente, acusó que las mujeres eran las más castigadas pues les comenzaron a quitar responsabilidades y parte de sus salarios, mientras que con sus compañeros ocurría lo contrario.

Cuando ella comenzó a reclamar la situación desde una perspectiva de derechos humanos su denuncia fue minimizada argumentando que «no tenía relación con un tema de género». 

Ariana

Ariana Lizeth García Partida, profesora de educación media superior, compartió que estuvo 18 años trabajando en la Unidad de Difusión de La Gaceta del CUSUR en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara a través de un contrato de prestación de servicios profesionales que a veces llegaba a extenderse de tres a cuatro meses, por lo que siempre estuvo preocupada por la seguridad laboral.

A los pocos años se volvió profesora de asignatura dentro del Centro Universitario, pero se enfrentó a sueldos bajos y una carga laboral mayor junto con sus actividades en la Unidad de Difusión donde también manejaba las redes sociales del CU. En mayo de 2022, con una nueva administración el jefe de Ariana pasó a ser el coordinador de extensión y con ello ocurrieron varios cambios y violencias como hostigamiento laboral por un año hasta llegar a un punto en que para ella era «insostenible el trabajo».

Su trabajo era descalificado sin compartirle retroalimentación de lo que debía corregir, constantemente era puesta a prueba y sometida a altos niveles de presión, no obstante, a pesar de las quejas presentadas por varias personas, el hostigamiento continuó hasta que optó por hablar con el rector de la universidad quien le pidió tiempo para investigar las denuncias mientras ella se iba de incapacidad por su embarazo, pero la violencia no cesó.

Ariana y dos compañeras más interpusieron una queja en la universidad y en la Defensoría de los Derechos Universitarios y contrario a las resoluciones que estaban esperando, lo que ocurrió después fue una serie de trabas institucionales, procesos de denuncia largos y la desestimación de 2 de las 3 denuncias porque la instancia se declaró «incompetente para atender quejas de prestadores de servicios» evidenciando que no eran parte de la comunidad universitaria.

La denuncia de Ariana sí prosiguió al ser profesora de asignatura, pero hasta la fecha no ha recibido alguna resolución, pues en la Defensoría de Derechos Universitarios le dijeron que tampoco su caso procedía al ser un asunto laboral y se envió la responsabilidad a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones donde el presidente y el secretario eran el rector y el segundo jefe que colocaron al retirar a su agresor. 

Jaqueline

Jaqueline García López, es licenciada en Letras Hispánicas y profesora en lengua extranjera, ella denunció durante el conversatorio el hostigamiento laboral que vivió dentro de la UNAM, institución donde trabajaba. Detalló que en ese proceso enfrentó indefensión marcada por su condición contractual, ya que no era reconocida formalmente como trabajadora. Esto le impidió acceder plenamente a mecanismos institucionales de denuncia.

Ante la falta de una respuesta efectiva y el desgaste emocional, decidió renunciar, ya que no soportaba el ambiente laboral ni la campaña de desprestigio en su contra, la cual afirmó, continúa incluso después de su salida.

Para Jaqueline la situación sigue afectando su vida personal, ya que los vínculos profesionales que mantiene con la universidad la obligan a seguir encontrándose con personas involucradas.

Cuando presentó su denuncia, las autoridades trataron el caso como si fuera un conflicto menor organizando un encuentro sin previo aviso en el que fue confrontada directamente con su agresor bajo una supuesta mediación. Esta forma de atención minimizó la gravedad de la violencia y revictimizó a Jaqueline porque no se siguieron protocolos con perspectiva de género.

Jaqueline expuso que las medidas cautelares que solicitó no fueron eficientes sino contraproducentes ya que el presunto agresor no fue separado de su cargo, sino ascendido, por eso coincidió con él en espacios laborales posteriores. 

Repensar las instituciones que defienden derechos en espacios universitarios

Desde la perspectiva de Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos, las prácticas de violencia contra comunicadoras y periodistas desde los espacios universitarios replican estructuras del patriarcado donde no solo se minimiza el trabajo, sino que se otorgan varios puestos de mando a una sola persona incluso cuando no están capacitadas para ello, quienes por lo general son hombres.

A su vez, acusó que las instancias, dependencias o instituciones creadas para defender los derechos de la comunidad universitaria contra violencias como el acoso laboral o sexual en las universidades no están cumpliendo con salvaguardar la integridad de las mujeres que se atreven a denunciar y llevar sus casos hasta las últimas consecuencias encontrándose en el camino impunidad y más violencia.

Jovana señaló que el actuar de estas instancias se queda en una simulación sin consecuencias reales para los agresores.

«Se supone que tenemos espacios donde deberían defender nuestros derechos o donde deberíamos usar esas cosas (las instituciones de defensoría de derechos), porque se crearon para ese objetivo. Sin embargo, en la práctica no funcionan y terminan siendo sustituciones de papel que no están salvaguardando a las mujeres y termina siendo un acto de impunidad» -Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos.

Ante este panorama, Jovana ve necesario la crear defensorías a partir de experiencias reales de quienes viven la violencia universitaria y no desde enfoques elaborados por abogados ajenos a estas dinámicas. Consideró que es necesario repensar estas instancias para que respondan a las violencias que enfrentan personas dentro de la comunidad, incluyendo a quienes suelen quedar excluidas como las prestadoras de servicios.

También señaló que muchas estructuras operan de forma simulada cumpliendo con requisitos formales sin garantizar mecanismos efectivos de atención ni acceso a la justicia, por lo que, para Jovana es importante generar espacios donde las experiencias de las comunicadoras y periodistas agredidas dentro de las radios universitarias puedan compartirse. 

Cartilla de Mujeres fue asistencialismo durante gestión de Citlalli Hernández en SeMujeres: Defensoras

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Wendy Rayón Garay / CIMAC  / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Matrix Network México Laboratorio de IA

Ciudad de México.- Uno de los programas que impulsó Citlalli Hernández durante su gestión como titular de la Secretaría de las Mujeres fue la «Cartilla de las Mujeres»; sin embargo, tras su renuncia de esta dependencia las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert de Equis Justicia por las Mujeres señalaron que la estrategia tiene un enfoque «asistencialista» debido a que no estuvo acompañada de la promoción para la agencia colectiva de las mujeres.

La «Cartilla de las Mujeres» fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024 como un documento que se repartiría en los estados de la República para que las niñas, adolescentes y mujeres conocieran sus derechos. La mandataria explicó que era un posicionamiento para dimensionar los alcances de la violencia y encomendó su creación a cuatro mujeres: Ángela Guerrero Alcántara, especialista en políticas públicas; Karla Michel Salas Ramírez, abogada feminista; Friné Salguero, activista, y Frida Hyadi Díaz González, mujer artesana.

Como resultado nació un documento con 52 páginas donde se desglosan alrededor de 15 derechos de las mujeres: a ser libre y ser feliz; a vivir en familia, en paz y con bienestar; a la educación; a la salud; a la vivienda; derechos comunitarios; a una identidad y a tener autonomía; a la cultura; a la libre expresión y al libre tránsito; acceso y derecho a la justicia; a la participación política; derechos digitales; derechos de las niñas y las adolescentes; a un trabajo digno y a un salario igualitario; y a una vida libre de violencias.

Este 16 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la renuncia de Citlalli Hernández, quien pasó a ser presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones en Morena a petición de la dirigente del partido Luisa María Alcalde para pactar alianzas políticas rumbo a las elecciones de 2027, las cuales serán las más grandes en la historia del país.

Las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert reconocieron el perfil de Citlalli Hernández y la describieron como una funcionaria que «comprende y tiene posturas políticas feministas vinculadas a los diferentes feminismos en México». Desde su perspectiva, consideraran la creación de los Centros Libres, la escucha con las mujeres de la comunidad municipal y la apertura al diálogo con algunas organizaciones de la sociedad civil como aspectos positivos.

Sin embargo, detallaron que la salida de Citlalli Hernández deja áreas de oportunidad como seguir combatir la violencia de género desde una visión que no sea el derecho penal y el punitivismo como se hizo con la creación de leyes para tipificar el acoso y abuso sexual en los códigos penales del país o como se pretende hacer con la próxima Ley General de Feminicidio y no desde un enfoque preventivo y de protección.

Si bien la presidenta adelantó que se quiere homologar el delito de feminicidio en todas las entidades, el contenido completo aún se desconoce, por ahora el pasado 14 de abril el Senado de la República aprobó el dictamen para reformar el artículo constitucional 74° para que el Congreso pueda crear la Ley General de Feminicidio. Actualmente se encuentra en Comisiones de Puntos Constitucionales de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

Para Fátima Gambia y Maïssa Hubert el principal tema pendiente de la administración de Citlalli Hernández es la institucionalización de políticas públicas, por ejemplo, destacaron que uno de los aciertos de la SeMujeres en año y medio fue el fortalecimiento a las órdenes de protección, pero que aún no se refleja en una política pública integral.

«Si bien se impulsó a nivel constitucional el establecimiento de las medidas de protección, vemos como esto únicamente ha quedado a nivel de reforma constitucional, pero no se ha visto ninguna acción para materializar esta perspectiva preventiva con enfoque de protección. Un gran pendiente que tal vez sea por el poco tiempo que lleva (Citlalli Hérnandez) en su gestión, ya no logró expedir el programa para prevenir, atender y erradicar la violencia de género que debe operar entre 2025-2030» -las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert de Equis Justicia por las Mujeres. 

La Cartilla

En marzo de 2025, cuando la «Cartilla de las Mujeres» terminó por crearse y publicarse, se detalló que este documento sería difundido en estrategias de difusión y en colaboración con otros institutos, secretarías, sindicatos, organizaciones. Paralelamente, se dio a conocer que se desarrollarán acciones territoriales a nivel federal y comunitario para asegurar la difusión efectiva del documento en cada rincón a nivel nacional en su versión traducida a 68 lenguas originarias.

En agosto de 2025 se anunció la entrega de 6 millones de Cartillas a estudiantes de secundaria, para septiembre de ese año, ya se habían distribuido 25 millones de ejemplares en toda la República, uno de esos espacios en donde se hizo la distribución fue desde los Centros Libres. También se realizaron convenios para su difusión en estaciones de radio comunitarias, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con algunos gobiernos en los estados, en el billete de la lotería nacional, por mencionar algunos ejemplos. 

En este año y rumbo a la celebración de la Copa Mundial 2026 en México, la difusión de la Cartilla también fue parte de la estrategia presentada por Citlalli Hernández para prevenir la violencia contra las mujeres, junto con la colocación de stands informativos y la promoción de la Línea 079.

Sin embargo, para las defensoras de Fátima Gambia y Maïssa Hubert la «Cartilla de las Mujeres» aunque es un ejercicio que da a conocer los derechos humanos de las mujeres, resalta por contar con un enfoque asistencialista de los derechos humanos a los programas sociales. Esto debido a que no cuenta con una estrategia para convertir este documento en lo que llaman «empoderamiento jurídico», es decir, que no está acompañado de acciones que promuevan la agencia colectiva de las mujeres, lo cual «limita su potencial transformador», señalaron las defensoras. 

«Nos parece que no solo solamente es distribuir tantos números de Cartillas, sino generar procesos de co-construcción del poder y la agencia de las mujeres. » -las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert de Equis Justicia por las Mujeres. 

En México hay desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad: CED ONU

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Lizbeth Ortiz Acevedo / CIMAC  / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Matrix Network México / Laboratorio de IA 

Ciudad de México.- Este 2 de abril el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) informó que decidió solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a su Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

Hay que decir que este mismo día en que Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) hace pública esta información México tiene un acumulado de 132 mil 809 personas desaparecidas de las cuales 28 907 son mujeres, con datos del Registro Nacional de de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En su decisión, publicada hoy en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que:

«En México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país».

El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), señaló que la magnitud de los casos de personas desaparecidas pone de relieve la gravedad de la situación, por lo que citaron el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6 mil 200 cadáveres y 4 mil 600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

Por lo tanto, basándose en toda la información disponible, el Comité tomó la medida excepcional, en virtud del artículo 34, de señalar la situación en México a la atención de la Asamblea General, solicitándole que considere la posibilidad de adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para la operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las desapariciones forzadas y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.

Se detalló que este procedimiento tiene carácter preventivo para movilizar atención y apoyo internacionales, más no de establecer la responsabilidad penal individual.

Por eso se precisó que en virtud del artículo 34 de la Convención, el Comité no actúa como una comisión de investigación y no está obligado a llegar a una conclusión fáctica. Sin embargo, debe determinar, sobre la base de indicios bien fundados, si ha recibido información detallada y precisa de una fuente fidedigna de que han ocurrido hechos que caen dentro de su competencia.

Por eso, se dijo que esta decisión se basó en:

«La información presentada por la sociedad civil, la respuesta del Estado Parte en septiembre de 2025 a su solicitud de información sobre la situación, y la información recopilada por el Comité desde 2012, entre otras cosas a través de exámenes periódicos, su visita al país en 2021 y las solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas. El Comité también ha tomado nota de la información presentada por el Estado Parte y la sociedad civil tras la adopción de su decisión».

En la visita anterior del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) se tomó en consideración la «guerra contra las drogas», lo cual advierten contribuyó a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local, no obstante, el Comité subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción deliberada u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma.

El Comité también subrayó que ni la Convención ni el Estatuto de Roma exigen que tales ataques se produzcan en todo el territorio de un país, o que se originen en los más altos niveles del Gobierno, para que se consideren crímenes de lesa humanidad.

A este respecto, el Comité tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como desapariciones forzadas con arreglo al artículo 2 de la Convención. Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

Además, subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma, del que México también es Estado Parte, las desapariciones forzadas como crimen de lesa humanidad también pueden ser cometidas por una «organización», incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando «formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil».

«El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil», afirmó Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité.

En cuanto a la magnitud de la crisis en todo México, el Comité señaló que, si bien el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas contiene casos de «personas desaparecidas», aún no ofrece una imagen clara de cuántos de los casos registrados podrían corresponder a desapariciones forzadas.

En general, el Comité advirtió que, a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.

Finalmente el Comité reafirmó su compromiso de seguir cooperando con México a través de sus distintos procedimientos. El procedimiento previsto en el artículo 34 tiene por objeto facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda reforzar su respuesta, proteger a las víctimas y a sus familias, y evitar que la situación se deteriore aún más», declaró Albán-Alencastro.

Todos los documentos relativos al artículo 34 están disponibles en la página del 30º periodo de sesiones del Comité aquí.

Gobierno de México rechaza informe CED

El Gobierno de México inmediatamente emitió un comunicando rechazando este informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) indicando que se bien se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, afirmaron que «la decisión del Comité es parcial y sesgada», porque omitió considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, por eso lamentaron que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.

Indican que el propio Comité reconoció en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión, por lo que dichos señalamientos, afirmó el Gobierno de México, reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores.

Además, el Gobierno de México advirtió «falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas «, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, porque según, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.

De forma tajante en su comunicado el Gobierno de México restaló que «no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas». Además,

Argumentaron que basado en un proceso de diálogo con la participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley. Herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:

  1. La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
  2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
  3. La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
  4. La Plataforma Única de Identidad.
  5. La obligación de fiscalías especializadas estatales.
  6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
  7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
  8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
  9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
  10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.

Por eso, resaltaron que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual y reafirmaron el compromiso de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional. 

Claves para entender la resolución sobre desapariciones forzadas de ONU en México

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Wendy Rayón Garay / CIMAC  / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencia de Noticias Matrix / Laboratorio de IA

Ciudad de México.- El pasado 2 de abril México recibió la noticia de la decisión del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar al Secretario General remitir urgentemente la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y esto desató diversas reacciones, por ello, aquí te explicamos lo que en realidad significa esta resolución.

Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada

El Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, es el órgano de expertos independientes que supervisan la implementación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de los Estados Parte, dicha convención tiene como objetivo prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, así como garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, reparación y a la verdad y México ratificó dicha Convención en el 2007.

El Artículo 2° de esa Convención define una desaparición forzada como la detención, privación de la libertad o secuestro cometido por agentes del Estado, personas o grupos que actúan con conocimiento de las autoridades y el Artículo 5° describe que realizar esta práctica de forma generalizada o sistemática se traduce en un crimen de lesa humanidad que rompe con el derecho internacional.

Ahora, en caso de que el Comité reciba información fundamentada sobre desapariciones forzadas en territorios bajo la jurisdicción de un Estado parte se activa el Artículo 34° en el cual se establece que se podrá solicitar información a dicho Estado y, de ser necesario, llevar el asunto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Secretario General.

Esto sucede en un contexto de crisis de personas desaparecidas en México, actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) arroja que: 

Hay 132 mil 861 personas desaparecidas de las cuales 28 mil 911 son mujeres.

Aunque la mayoría de las víctimas son hombres, las mujeres son a quienes menos encuentran los colectivos de búsqueda así como las autoridades, ya que podrían ser también víctimas de otros delitos como feminicidio o trata con fines de explotación sexual.

Aunado a esto hay una crisis forense reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunciara la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atenderla.

¿Cómo colaboraría CED ONU?

De acuerdo con el documento emitido por el CED ONU en marzo de este año, se solicitó al Secretario General transmitir a la Asamblea General la decisión, así como los informes y observaciones pertinentes para considerar adoptar medidas que apoyen al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México.

Esto significa que se brindaría cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada que el Estado mexicano requiera en áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva sobre desapariciones forzadas y los vínculos entre servidores públicos con el crimen organizado.

Además, se pretende establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias buscadoras, organizaciones y personas defensoras que los acompañan, siendo que ellos enfrentan criminalización por su labor y violencia, pues el 2025 fue considerado el año con mayor riesgo para las personas buscadoras, sobre todo cuando son mujeres.

El Comité resaltó que dicha instancia no actúa como una comisión de investigación y, por ello, no necesita llegar a una conclusión. Es decir, no puede castigar al Estado mexicano por las desapariciones forzadas, pero sí puede determinar si la información recibida es suficiente para llevar el asunto con urgencia a la Asamblea General para que se pueda proporcionar apoyo. 

¿Cómo llegaron a esta determinación?

Fue el hallazgo del Rancho Izaguirre en marzo de 2025, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, lo que puso a México en la mirada internacional, pues se encontraron 400 pares de zapatos y un total de mil 800 prendas de personas desaparecidas. Desde entonces, la CED ONU decidió activar el artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de los Estados Parte.

La aplicación del Artículo 34° se trata de un momento histórico, ya que es la primera vez que el Comité realiza este procedimiento para elevar un caso a la Asamblea General. Esto significa que el tema será discutido ante el más alto escrutinio internacional y para las organizaciones como Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. I(DH)EAS se manda un contundente mensaje: 

«La crisis de desapariciones forzadas en México ha sobrepasado los umbrales del derecho internacional de los derechos humanos para constituir crímenes de lesa humanidad» -Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. I(DH)EAS.

Entre febrero y abril de 2025, el Comité recibió información de la Federación Internacional para los Derechos Humanos requiriendo activar este procedimiento. Se analizó dicha documentación, así como las recomendaciones del Comité a México desde el 2012 a 2023 y se decidió en su 28° periodo de sesiones solicitar al Estado mexicano toda la información disponible en junio de 2025.

El Estado mexicano tuvo un plazo máximo de responder hasta el 18 de septiembre de 2025 y lo hizo de forma confidencial conforme al artículo 47 del Reglamento del Comité. Paralelamente, la instancia recibió informes sombra entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 que se examinaron durante el 29° y 30° periodo de sesiones hasta emitir la resolución actual de llevar el asunto a la Asamblea General.

Lo que encontró el CED ONU en México

El análisis del Comité confirmó que existe participación entre servidores públicos con las desapariciones forzadas, así como colusión de grupos criminales además de patrones en estados como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. Aunque se trata de una situación que se replica en todo el territorio y por ello tiene carácter «generalizado», el CED ONU reafirmó que no se necesita que suceda en todo el país para alcanzar dicha categoría.

El CED ONU también describió las desapariciones forzadas en México de carácter «sistemático» porque sigue patrones repetidos y no aleatorios como detenciones ilegales para la entrega a grupos criminales, el uso de fuerzas especiales, fosas clandestinas usadas con conocimiento de autoridades forense.

Se destaca que los casos de «aquiescencia» o conocimiento de las autoridades cumplen con la definición propuesta por México donde se detalla que el Estado tenía conocimiento previo de riesgo real e inminente, pero se mantuvo sin actuar facilitando activamente los crímenes. También se remarcó la impunidad en varios casos de desaparición como consecuencia de la falta de investigaciones suficientes, los tipos penales aplicados que diluyen el delito y los estándares probatorios exigentes.

Aun así, el Comité no señaló que existe una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas, es decir, que aunque se confirma la existencia de crímenes de lesa humanidad en México esto no significa que sean ordenados desde el más alto nivel del Estado, sino que la responsabilidad se acredita en la participación de autoridades locales, municipales y estatales frente a las organizaciones criminales. 

Una década de observaciones

El análisis del Comité fue el resultado de más de una década de observaciones y recomendaciones al Estado mexicano instándole de adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, encontrar a las personas desaparecidos, y promover los derechos de las víctimas.

En 2015, el CED ONU declaró que existía evidencia sobre un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, la mayoría de ellas forzadas. También determinó deficiencias para prevenir las desapariciones forzadas y la inexistencia de un registro único para obtener estadísticas confiables.

Para 2018 observó «falta de avances» en la implementación de las recomendaciones anteriores, el escaso números de condenas, el alto número de cadáveres sin identificación y las fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio. Destacó la existencia de obstáculos para proporcionar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas.

En cambio, reconoció la tipificación de la desaparición forzada en la Ley General pero sin que se desarrollara adecuadamente el Artículo 3° de la Convención, el cual lo describe como un crimen de lesa humanidad, por lo que recomendó revisar la legislación. También pidió excluir la jurisdicción militar para la investigación de casos y reconoció la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Tres años después, en 2021, recomendó adoptar una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación para reconocer la responsabilidad de los servidores públicos, las causas de la impunidad, abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública, informar sobre las desapariciones en México e implementar un marco normativo.

A su vez, propuso reforzar a las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; remover los obstáculos que impiden la judicialización de casos; atender las desapariciones en contextos migratorios; facilitar procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria; atender la crisis forense; y reconocer el papel de las víctimas.

Para 2023 reiteró muchas de las recomendaciones formuladas entre 2015 a 2021.

En 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) informó que decidió solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a su Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.