El meteorológico avisó desde temprano. Ese 17 de julio de 1986 sería un día bien caliente en Matamoros, Tamaulipas: los termómetros ya marcaban 28 grados centígrados cuando aún no eran ni las siete de la mañana.
David López del Cid, jefe de Redacción de El Popular, caminaba a esa hora rumbo a las oficinas del diario. Una camioneta tocó el claxon a su paso. Ernesto y Norma lo saludaron y agitaron levemente sus manos.
Yo también iba en camino hacia el periódico. Me había entretenido en casa y llevaba un retraso de unos 10 minutos. Llegaría tarde, después de las 7 de la mañana, la hora de entrada a un vespertino que debía estar circulando en las calles a las 12:30.
Bajé rápidamente de la pesera en la calle Primera, en la ruta que llega hasta el Puente Internacional Nuevo con Brownsville, Texas. Un inusual silencio se percibía, poca gente caminando: apresuré el paso para cubrir los 100 metros que faltaban.
A la distancia, alcancé a ver que sobre la calle Vizcaya estaba la pequeña camioneta Ford Bronco del director Ernesto Flores Torrijos, con la puerta del copiloto abierta. También la de él.
En el exterior yacían los cuerpos de él y de Norma Alicia Moreno Figueroa, la jefa de información de El Popular. Ernesto estaba bocarriba, con los brazos extendidos a los lados; ella quedó acurrucada, sobre el pavimento, pegada a la llanta trasera.
Cuando corrí hacia la camioneta, el subdirector José Ángel Leal me detuvo: “No te puedes acercar, ya viene la policía en camino: están muertos”.
La policía informó más tarde que dos hombres vestidos con ropa deportiva los esperaban, que al verlos llegar se dirigieron hacia ellos y los asesinaron: a él con 23 impactos, a ella con 12, ambos con tiro de gracia. Utilizaron armas calibre 45 y 9 mm.
El Popular había estrenado unos tres meses antes sus nuevas oficinas en la esquina de la calle Tipo A con la calle Vizcaya, en la Colonia Bancaria, a un costado de un deportivo, frecuentado habitualmente por empleados bancarios que vivían en los alrededores.
Y aunque era una zona transitada, ningún vecino atestiguó el crimen. Nadie vio nada en la escena. “Sólo escuchamos muchos disparos”, dijeron algunos.
Minutos después del asesinato, la redacción se encontraba en shock. Los reporteros apenas conversábamos y sollozábamos, sin entender lo que estaba pasando. Una sensación de frustración y miedo se extendía por la oficina.
López del Cid, el jefe de redacción, un hondureño llegado a la frontera unos 15 años antes, recorría los escritorios y nos alentaba a que continuáramos escribiendo en las enormes máquinas Remington: “Hay que seguir, el periódico tiene que salir”.
Minutos antes, el subdirector Leal y López del Cid se habían reunido con Amelia Flores, la esposa de Ernesto Flores, y habían acordado que el vespertino debía salir ese jueves.
“Aunque sea tarde, es lo que Ernesto hubiera querido y no les vamos a dar el gusto de callar”, repetía. Ese día se imprimió la edición 957.
El Popular salió a las calles a las 16 horas con fotografías que mostraban explícitamente los dos cuerpos.
Ernesto y Norma se sumaban a una pequeña lista de periodistas asesinados que no pararía de crecer hasta este 2026, cuando los nombres se acumulan y suman más de 181 sólo del año 2000 a la fecha.
El caso de Norma tendría una característica particular: ella, una joven de 24 años, sería la primera mujer periodista en México víctima de violencia letal.
Cuarenta años han pasado desde entonces, 40 años de plena impunidad.
El 16 de mayo de 1986, Norma Alicia había terminado un tercer cigarrillo y la quinta nota del día con un dejo de fastidio:
“Otra vez van a parar las clases y otra vez el gobierno va a hacer lo mismo de siempre… ni verlos ni escucharlos; lo bueno es que eso pasa en el sur del país, aquí en el norte son bien agachones”.
La jefa de información de El Popular terminaba la mitad de su jornada en el vespertino y se dirigía a almorzar a uno de sus lugares preferidos: “Aquí es Don Simón”, en la esquina de la calle Primera y Terán, a unos 10 minutos del periódico y a pocos metros de la casa de sus padres.
Como parte de mi entrenamiento como reportera, esa semana me tocaba acompañarla. “Vamos a pasar a ver a mi mamá”, me dijo Norma, quien, a pesar de que se había independizado unos años antes, siempre estaba cerca de su familia.
Laurentino Moreno y Margarita Figueroa tuvieron seis hijos, de los cuales Norma Alicia era la mayor. Vivían en la calle 4 y Guerrero, en el centro de Matamoros. Él se dedicaba a la pesca y la madre era ama de casa.
Ese día, Norma subió a su Renault color azul y tomó la calle Primera. Unas cinco cuadras más adelante, a la altura de la Central de Autobuses, las paredes empezaron a estar inusualmente llenas de anuncios de papel.
Al avanzar, crecía el número de volantes. A medida que nos acercábamos a la casa de sus padres, la cantidad aumentó enormemente. Cientos de volantes en postes, en paredes, en los aparadores de comercios.
Finalmente, detuvo el auto y pudimos ver de cerca las hojas: se reconoció con sus facciones serias, su cabello corto y su camisa blanca. El panfleto decía: “Conózcala, es una mala persona, se dice periodista y además es lesbiana”.
La ruta de los panfletos terminaba en casa de sus padres. Quedé impactada.
Sentí impotencia, dolor y vergüenza por lo que acaba de leer.
Ella decidió no bajar a saludar a sus padres y sólo me dijo: “Te voy a regresar al periódico”. A partir de ese momento, Norma dejó de visitar a su familia y amigos; los compensaba con llamadas. Le preocupaban en particular sus tres hermanas y sus dos hermanos.
Muestra de la cercanía con sus hermanas es una foto que alguna vez me compartió: las cuatro mujeres aparecen con una playera blanca idéntica, estampada por el frente con un colorido tucán, que Norma les había traído como recuerdo de su visita de seis semanas en Ecuador, a donde había ido a hacer una estancia profesional.
A partir del primer aviso, la seriedad de Norma se convirtió en hosquedad y tristeza. Doña Margarita contaba que su hija evitaba el contacto:
“Cuando aparecieron los volantes pegados en las paredes, fue un golpe terrible para mí y para mi hija. No podía yo creer que la atacaran de esa forma. Me dolió mucho. Nunca le hice ningún comentario porque no quería hablar conmigo; creo que a ella le dolía lo que se dijera por sus hermanos, por nosotros. Desde esa fecha sentí una angustia, una tensión muy grande, le pedía a Dios que no le fuera a pasar nada a mi hija, que solo quedara en eso”, le compartió en una entrevista a Virginia Castillo, directora de la revista Gente, en la edición de julio de 1992, seis años después del doble homicidio.
Los panfletos, de acuerdo con el testimonio de varios reporteros de aquel entonces, se elaboraron en la imprenta municipal que dependía de la oficina de Comunicación Social del ayuntamiento de Matamoros, encabezado en ese momento por Jesús Roberto Guerra Velasco, sobrino de Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, “Don Juan”, fundador del Cártel del Matamoros.
Los panfletos dejaron un rastro. No sería el único.
En junio de ese mismo 1986, tres semanas después de la pega de los panfletos, la intentaron secuestrar. Mientras circulaba por la calle Primera, a una cuadra del periódico El Bravo, un grupo de jóvenes le cerró el paso a su auto; ella se bajó y corrió a refugiarse en las instalaciones del diario.
Y había otros incidentes: tres semanas después del asesinato, el periodista Elías Chávez publicó en la edición 509 de la revista Proceso: “Hace poco más de un año Norma intentó entrevistar al presidente municipal, quien le reclamó algunas publicaciones y terminó echándola de su oficina a empellones”.
El acecho aumentaba sobre Norma y sobre El Popular, cuyo director le había comentado a su esposa unos 15 días antes del asesinato que tanto él como la jefa de Información recibían llamadas telefónicas de amenazas.
El reportero de Proceso reprodujo lo que Amelia Gil, la viuda de Flores, le contó:
–Me van a chingar –dijo Ernesto.
–¿Por qué? –preguntó ella.
–Porque no tengo cola que me pisen. Sólo matándome podrán callarnos.
Matamoros, ese pequeño punto en la frontera con Estados Unidos, anunciaba ya desde esos años, sin que muchos supieran leerlo, lo que vendría después para México cuando el poder político y el crimen organizado se funden en un abrazo cómplice.
Muy lejos de la capital y con Brownsville, Texas, a unos metros, la ciudad se convirtió desde la segunda década del siglo XX en un trampolín para contrabandear whisky durante la Prohibición en aquel país y para construir enormes e ilícitas fortunas de este lado de la frontera.
Uno de los beneficiarios del comercio de alcohol fue un oscuro personaje: Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, quien desde esos años levantó una empresa criminal que dominó la prostitución, el juego, el robo de autos, el tráfico de armas y otras variantes del submundo de la ciudad durante décadas.
“Ya desde entonces [Juan N. Guerra] había descubierto que manejar policías, políticos y jueces era condición indispensable para que sus negocios florecieran”, escribió el periodista Miguel Ángel Granados Chapa en octubre de 1991, una década antes de que el “poderoso magnate de negocios ilegales” falleciera en el 2001.
Desde su silla de ruedas y protegido por la penumbra en su bar Piedras Negras, Juan N. Guerra controló con mano dura su feudo y una vez que la edad se le vino encima encargó a dos de sus sobrinos la operación de sus negocios y auspició a Juan García Abrego, uno de sus ellos, para que entrara al de la droga.
Al otro de sus sobrinos, Jesús Roberto Guerra Velasco, le facilitó los contactos y la red familiar de influencia política para llegar postulado por el PRI a la Alcaldía de Matamoros en 1984.
Los años 80 significaron para Juan García Ábrego un giro dramático en su vida. De contrabandista y hombre de máxima confianza de su tío, pasó a organizar el tráfico en gran escala de cocaína colombiana a Estados Unidos.
Jefe nato y fundador del Cártel de Matamoros, pronto expandió sus operaciones hasta ser conocido como Cártel del Golfo.
En esos años de bonanza criminal, García Ábrego consiguió el dudoso honor de ser el primer narcotraficante con sede en México en ser incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI.
Aunque nació el 13 de septiembre de 1944 en Texas, fue hasta el 17 de mayo de 1965, a los 21 años de edad, que obtuvo el certificado de nacimiento estadounidense.
A partir de entonces, el 17 se convirtió en su día favorito, según confió a sus allegados. Coincidentemente, ese día dejó una dolorosa huella en la frontera:
- El 17 de junio de 1986 fue asesinado Jorge Brenes, editor de los periódicos El Río y Frontera, en Reynosa, Tamaulipas.
- El 17 de julio de 1986 fueron asesinados Ernesto Flores Torrijos y Norma Moreno Figueroa, en Matamoros.
- El 17 de mayo de 1991 ocurrió una masacre en el penal de Matamoros, con un saldo de al menos 20 muertos y 50 heridos, por la pugna abierta de García Ábrego con Oliverio Chávez Araujo, entonces interno en esa prisión, por el control del tráfico de cocaína.
Hoy, García Ábrego, actualmente de 81 años, se encuentra recluido en el penal federal Hazelton, en el estado de Virginia, cumpliendo una condena de 11 cadenas perpetuas.
La edición de El Popular del 20 de agosto de 1984 ya advertía lo que podía pasar. Ese día el periódico publicó un telegrama dirigido a Manuel Bartlett Díaz, entonces secretario de Gobernación. El telegrama decía:
“Elevamos enérgica protesta, motivo, maltratos de hecho y de palabra por parte del C. JESÚS ROBERTO GUERRA VELASCO, Presidente Municipal de esta ciudad de Matamoros, en agravio de la C. NORMA MORENO, reportera del periódico El Popular, hechos ocurridos el sábado 18 del presente en las oficinas de Prensa del Palacio”.
Y pedía la intervención urgente de Bartlett Díaz ante el “temor fundado” de que se produjeran “acciones más graves, virtud amenazas en tal sentido”.
Lo firmaba el propio Ernesto Flores Torrijos, en su calidad de presidente del Consejo de Administración del Periódico El Popular, dos años antes de que él mismo y Norma Alicia fueran asesinados a las puertas del diario.
Esa alerta no se atendió a pesar de que Bartlett Díaz recibió directamente un reporte del agente de la Dirección Federal de Seguridad destacado en Matamoros, adscrito al “Sector Especial”.
La tarjeta, con fecha 21 de agosto de 1984 y con hora de elaboración de las 17:00, quedó sepultada entre decenas de miles de hojas amarillas, reportes políticos, informes de espionaje y registros de toda clase de actividades políticas y sociales.
Casi 40 años después, los investigadores del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), instancia creada y adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el tramo final del gobierno de Andres Manuel López Obrador, encontraron esa tarjeta en el Archivo General de la Nación.
Y junto con ella localizaron una ficha que hacía constar que Jesús Roberto Guerra Velasco pertenecía a una corporación policiaca federal antes de ocupar la presidencia municipal. El alcalde tenía la placa número 976 que lo acreditaba como agente de la Dirección Federal de Seguridad. Era uno de los suyos.
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Los asesinatos de Ernesto y Norma Alicia ocurrieron en un contexto de confrontación entre los integrantes del grupo criminal que daría origen al Cártel del Golfo.
En mayo de 1984 un grupo armado bajo el mando de uno de los hombres más cercanos a Juan N. Guerra emboscó a un antiguo colaborador de éste de nombre Casimiro El Cacho Espinoza, a quien se le atribuía haberse indisciplinado.
Herido de bala, Casimiro Espinoza se refugió en la Clínica Raya, de Matamoros. “Dos días después, el mismo grupo armado regresó a rematarlo. El saldo fue una masacre, con cinco pacientes de la clínica asesinados, y la fuga de El Cacho, quien murió dos días después en un hospital en Monterrey”.
Los investigadores del MEH recuperaron un reportaje de la revista Proceso publicado en 1986 que apuntaba hacia los autores intelectuales del crimen.
“Aunque todo el mundo conocía el fondo del problema, sólo Ernesto Flores se atrevió a denunciarlo en El Popular. Más aún, publicó una foto de ‘Don Juan’ –Juan N. Guerra– el patriarca de La Familia, a quien señaló como uno de los principales sospechosos de responsabilidad en la matanza de la Clínica Raya. Desde entonces –aseguraron periodistas de Matamoros entrevistados por Proceso–, Ernesto ‘firmó su sentencia de muerte’”.
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La tarde del 12 de enero de 1984 los agentes de la Dirección Federal de Seguridad destacados en Matamoros dejaron constancia de una nota publicada en la edición de ese día, en la que el director de El Popular denunció que fue detenido con el propósito de que el periódico dejara de realizar señalamientos críticos hacia el desempeño de la Policía Judicial Federal.
En una nota titulada “La Judicial Federal detuvo ilegalmente al presidente del periódico El Popular”, el vespertino denunció en su edición de ese día que elementos de esa agrupación policiaca interceptaron por la mañana el vehículo de Ernesto Flores, lo intimidaron, lo llevaron a unas oficinas y lo “quisieron acusar falsamente de un ilícito”.
En su reporte rescatado por los investigadores del MEH, los agentes de la DFS transcribieron la parte sustantiva de la nota:
“Los reporteros de El Popular lograron conocer que los agentes de la Judicial Federal sirvieron de instrumento para intimidar al presidente de esta casa editora para que no continuemos señalando los hierros (sic) de estas corporaciones armadas que se han convertido en los enemigos públicos principales de la sociedad”.
Para nadie es desconocido, argumentaba la nota, “que la Policía Judicial Federal es la que tiene nexos con verdaderos delincuentes, a quienes brindan protección mediante una cuota económica”.
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Todo empezó con la poesía. Norma Alicia Moreno Figueroa tenía 16 años cuando el gusto por escribir poemas la llevó a dejar la pena a un lado y a enviar algunos de los que había escrito a Alma Delia Treviño, la coordinadora del suplemento dominical del periódico El Bravo, el diario más importante en Matamoros.
El atrevimiento dio resultado. Se los publicaron. Pronto logró una cita con el director del medio, quien, a cambio de publicarle algunos de los poemas, la incorporó a la sección de Sociales.
Era 1978 y Norma Alicia se embarcaba inesperadamente en el periodismo. Al paso de algunos meses, luego de aprender a esquemar las páginas, a titular las notas y a editarlas, se convirtió en la coordinadora del suplemento.
Pero no duró demasiado en el puesto. Se aburría pronto. Sus tareas “periodísticas” se limitaban a cubrir eventos sociales: bodas, fiestas de quinceaños, reuniones de asociaciones civiles y temas por el estilo.
Eso no iba con lo que ella esperaba, así que decidió dar un giro absoluto en su vida. Norma Alicia se incorporó a uno de los movimientos religiosos que proliferaban en Matamoros, como en casi toda la frontera norte del país.
Se sumó a la llamada Familia Internacional, conocida originalmente como “Los Niños de Dios” (Children of God), un grupo que posteriormente enfrentó graves acusaciones de maltratos, abuso sexual y lavado de cerebro.
La madre recordó esa etapa en la entrevista con la revista Gente: “No nos avisó, después nos mandó una carta diciéndonos lo que estaba haciendo. En el periódico les dejó una carta de despedida muy bonita donde se expresaba bien de su familia y de todos sus compañeros de trabajo; regresó y venía predicando, quiso convencernos de que entráramos a esa religión, traía dinero, hasta me regaló dos mil pesos por el 10 de mayo”.
Un par de años después de que se enroló en el movimiento religioso, regresó a la ciudad y quiso retomar el periodismo. Buscó a Alma Delia Treviño, quien le ayudó a incorporarse como reportera en la estación XEEW Radio, propiedad del empresario y político Jorge Cárdenas González, quien fue diputado federal y dos veces presidente municipal de Matamoros.
Le asignaron la cobertura de las fuentes políticas, que reportó para esa estación radiofónica durante un par de años, pero las restricciones y la censura que le imponían los directivos la forzaron a buscar nuevamente una salida.
Se encontró entonces con Ernesto Flores, quien había fundado El Popular y le ofreció irse a trabajar con él. Ya corría 1984 y Norma Alicia tenía sólo 22 años.
“El señor Ernesto le insistía en que fuera a trabajar, pero ella le decía que si aceptaba tenía que ser bajo sus propias condiciones, o sea que no le fueran a cortar lo que ella escribía”, contó doña Margarita.
Norma Alicia aceptó la oferta. Aparte de ser jefa de Información del vespertino escribiría una columna política, titulada “Buscando Caminos”.
Con un tono desenfadado, hacía críticas a las autoridades locales, particularmente al alcalde Guerra Velasco; se hacía eco de denuncias de corrupción en las aduanas de Matamoros, en la policía; abordaba la manera en que los grupos criminales dedicados ahora al narcotráfico actuaban con total impunidad en el estado; y criticaba al entonces presidente Miguel de la Madrid (“…seguirá siendo feliz, encantado con su investidura de Presidente de la República, no se tocará el corazón para volver a salir de viaje y gastar y dejar que sus colaboradores gasten el dinero que con sacrificios pagan los contribuyentes”).
Y aunque ahora es casi imposible encontrar más de un puñado de sus columnas, unos días después de su asesinato el corresponsal de la revista Proceso en esa ciudad fronteriza dejó constancia de qué trató la última columna publicada por la periodista.
En ella apuntó directamente a la Policía Municipal: del jefe de ese cuerpo dijo que había “conseguido el puesto sólo por ser el chofer del alcalde” y del subjefe de la corporación comentó que era un “delincuente y matón a sueldo”.
Para su familia no pasaban inadvertidos los riesgos que corría: pero Norma, comentó su madre en la revista Gente, quería cambiar las cosas, “quería que los políticos rindieran cuentas a la gente; quería cambiar la forma de algunos funcionarios, quería algo bueno para su pueblo. Por eso criticaba muy abierto, muy directo”.
La madre le pedía que escribiera con pseudónimo, pero la respuesta de Norma no dejaba mucho margen: “Me contestaba que eso no iba con ella, que eso era de cobardes”.
El asesinato de Ernesto Flores y Norma Moreno había sido precedido por la ejecución exactamente un mes antes de Jorge Brenes Araya, médico y editor de los periódicos El Río y Frontera de los municipios de Río Bravo y Reynosa, ampliamente conocido en Reynosa.
El ataque contra ellos sacudió a la comunidad periodística de Matamoros, en la que había un creciente temor por la cercanía y complicidad entre crimen, políticos y policías.
Para la comunidad periodística, los antecedentes apuntaban a que el asesinato estaba ligado al hecho de que El Popular había publicado notas que molestaban a La Familia. Así lo describió el periodista Elías Chávez:
“La Familia. Así llaman a la mafia encabezada por Juan N. Guerra y sus sobrinos –lugartenientes– Juan García Ábrego y Jesús Roberto Guerra Velasco, éste último presidente municipal de Matamoros. Dueña del poder económico y político, con matones a su servicio, La Familia controla todo en Matamoros: negocios lícitos e ilícitos, incluidos el narcotráfico, el contrabando, el robo de autos.”
“Entre otros negocios, la mafia controla directa o indirectamente, los periódicos de Matamoros, excepto uno: El Popular, diario independiente cuyo director era Ernesto Flores y donde Norma Moreno –jefa de Información– publicaba una columna diaria”.
La respuesta de las autoridades no pasó más allá de las palabras habituales. El gobernador Emilio Martínez Manautou condenó el doble homicidio y ordenó que un grupo especializado de la Procuraduría de Justicia y de la Policía Judicial del Estado se abocara a la averiguación de los hechos.
Lo mismo hizo el alcalde Jesús Roberto Guerra Velasco, según consignó una nota del periódico El Bravo, en la que dijo que el cabildo de Matamoros emitió un acuerdo para condenar los asesinatos y que estaba en comunicación con el procurador de Justicia del Estado.
En cuanto se conoció la noticia del acribillamiento, las dos asociaciones de periodistas de la ciudad realizaron un plantón frente a la Presidencia Municipal y solicitaron al entonces presidente Miguel de la Madrid su intervención para que investigara los hechos.
Y se reunieron ese mismo día con Felipe Flores García, entonces procurador de Justicia del Estado, quien pretendió tranquilizarlos con una frase que se deshizo inmediatamente en el aire, según publicó el periódico El Bravo un día después del asesinato: “No hay crimen perfecto, ni en el ánimo de las autoridades de justicia está la palabra impunidad”.
Cinco años después no había ningún avance en la investigación.
A instancias de la Unión de Periodistas Democráticos, organización que se había formado en esos años y que buscaba que se aclararan los crímenes cometidos en agravio de periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno de Tamaulipas, para entonces encabezado por Américo Villarreal, padre del actual gobernador del mismo nombre.
Firmada por su primer presidente, Jorge Carpizo McGregor, la recomendación de la CNDH le recriminaba al gobierno de Tamaulipas hechos muy puntuales:
Primero. Que el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa sin que de ella se hubiese obtenido resultado alguno que “permitiera identificar y, en su caso, detener a los presuntos responsables”.
Dos. Que sólo hasta nueve meses después del homicidio, ese mismo agente giró un oficio al director de la Policía Judicial para que éste “rindiera un informe respecto de la investigación del homicidio”.
Tres. Que más de cuatro años después del crimen en perjuicio de los dos periodistas el procurador de Justicia le informó a la CNDH que la averiguación previa “fue destruida en un incendio originado en el Centro de Readaptación Social de Matamoros” el 30 de agosto de 1990 y que se encontraba en proceso de reposición.
Cuatro. La investigación “no sólo no acusa ningún avance”, sino que dado que el expediente original “fue destruido por el fuego” no existe manera de conocer “su grado y forma de integración”.
Cinco. Al momento en que, según se afirma, la averiguación “se destruyó en un incendio habían transcurrido cuatro años sin que hubiera sido concluida”. Resulta claro, argumentó Carpizo en la recomendación, que en un hecho tan notoriamente importante y contando con un plazo tan largo no ha habido “la voluntad necesaria para llegar al total esclarecimiento de los hechos”.
Seis. Desde que se informó a la CNDH que la averiguación previa se encontraba en proceso de reposición han pasado siete meses, plazo “más que suficiente para haber concluido el procedimiento”. Carpizo recomendaba que el gobernador ordenara que se concluyera la reposición del expediente y que diera las instrucciones para que se iniciara o reiniciara la investigación del asesinato de Norma Moreno Figuero y Enrique Flores Torrijos.
Tal dilación, concluía el presidente de la CNDH, constituye una “clara denegación de justicia que ofende y causa agravio a la sociedad. En el caso, el principio de la justicia pronta y expedita se va olvidando al paso de los años”.
Tenía razón Jorge Carpizo McGregor. El caso se fue olvidando al paso de los años. Y los protagonistas tuvieron suertes distintas: Juan N. Guerra murió en 2001, Juan García Ábrego vivirá el resto de su vida en una prisión federal de Estados Unidos y Jesús Roberto Guerra Velasco fue candidato independiente a la alcaldía de Matamoros en 2015. Hoy es un próspero empresario de servicios funerarios en Tamaulipas.
Fuentes adicionales:
López Medellín, Martha Olivia, Tamaulipas, la construcción del silencio. Cronología de periodistas asesinados 1986-2014, p.12. Libro digital, editado por Freedom House.
Castillo Gustavo, “La historia del Cártel del Golfo”, La Jornada, 15 de marzo de 2003.
Garay, M. “Mataron a balazos al propietario de los periódicos Río y Frontera, ayer”. El Bravo de Matamoros, 18 de junio de 1986.
Periódico El Bravo de Matamoros, “Periodistas exigen esclarecimiento del doble crimen”, 18 de julio de 1986.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación 52/1991 al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra. Caso: Ernesto Flores Torrijos y Norma Alicia Moreno Figueroa”, 18 de junio de 1991.
Este es un proyecto en conjunto de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica y Fábrica de Periodismo
