Claves para entender la resolución sobre desapariciones forzadas de ONU en México

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Wendy Rayón Garay / CIMAC  / Ahora Noticias Mx 

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Ciudad de México.- El pasado 2 de abril México recibió la noticia de la decisión del Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar al Secretario General remitir urgentemente la situación de desapariciones forzadas en México a la Asamblea General y esto desató diversas reacciones, por ello, aquí te explicamos lo que en realidad significa esta resolución.

Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada

El Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, es el órgano de expertos independientes que supervisan la implementación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de los Estados Parte, dicha convención tiene como objetivo prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, así como garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, reparación y a la verdad y México ratificó dicha Convención en el 2007.

El Artículo 2° de esa Convención define una desaparición forzada como la detención, privación de la libertad o secuestro cometido por agentes del Estado, personas o grupos que actúan con conocimiento de las autoridades y el Artículo 5° describe que realizar esta práctica de forma generalizada o sistemática se traduce en un crimen de lesa humanidad que rompe con el derecho internacional.

Ahora, en caso de que el Comité reciba información fundamentada sobre desapariciones forzadas en territorios bajo la jurisdicción de un Estado parte se activa el Artículo 34° en el cual se establece que se podrá solicitar información a dicho Estado y, de ser necesario, llevar el asunto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Secretario General.

Esto sucede en un contexto de crisis de personas desaparecidas en México, actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) arroja que: 

Hay 132 mil 861 personas desaparecidas de las cuales 28 mil 911 son mujeres.

Aunque la mayoría de las víctimas son hombres, las mujeres son a quienes menos encuentran los colectivos de búsqueda así como las autoridades, ya que podrían ser también víctimas de otros delitos como feminicidio o trata con fines de explotación sexual.

Aunado a esto hay una crisis forense reconocida en mayo de 2019 por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de que un grupo de mujeres buscadoras denunciara la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar, y la inexistencia de una institución capaz de atenderla.

¿Cómo colaboraría CED ONU?

De acuerdo con el documento emitido por el CED ONU en marzo de este año, se solicitó al Secretario General transmitir a la Asamblea General la decisión, así como los informes y observaciones pertinentes para considerar adoptar medidas que apoyen al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas en México.

Esto significa que se brindaría cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada que el Estado mexicano requiera en áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva sobre desapariciones forzadas y los vínculos entre servidores públicos con el crimen organizado.

Además, se pretende establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias buscadoras, organizaciones y personas defensoras que los acompañan, siendo que ellos enfrentan criminalización por su labor y violencia, pues el 2025 fue considerado el año con mayor riesgo para las personas buscadoras, sobre todo cuando son mujeres.

“De alto riesgo” la labor de mujeres buscadoras. 16 fueron víctimas de feminicidio: AI – cimacnoticias.com.mx

El Comité resaltó que dicha instancia no actúa como una comisión de investigación y, por ello, no necesita llegar a una conclusión. Es decir, no puede castigar al Estado mexicano por las desapariciones forzadas, pero sí puede determinar si la información recibida es suficiente para llevar el asunto con urgencia a la Asamblea General para que se pueda proporcionar apoyo. 

¿Cómo llegaron a esta determinación?

Fue el hallazgo del Rancho Izaguirre en marzo de 2025, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, lo que puso a México en la mirada internacional, pues se encontraron 400 pares de zapatos y un total de mil 800 prendas de personas desaparecidas. Desde entonces, la CED ONU decidió activar el artículo 34 de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de los Estados Parte.

La aplicación del Artículo 34° se trata de un momento histórico, ya que es la primera vez que el Comité realiza este procedimiento para elevar un caso a la Asamblea General. Esto significa que el tema será discutido ante el más alto escrutinio internacional y para las organizaciones como Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. I(DH)EAS se manda un contundente mensaje: 

«La crisis de desapariciones forzadas en México ha sobrepasado los umbrales del derecho internacional de los derechos humanos para constituir crímenes de lesa humanidad» -Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. I(DH)EAS.

Entre febrero y abril de 2025, el Comité recibió información de la Federación Internacional para los Derechos Humanos requiriendo activar este procedimiento. Se analizó dicha documentación, así como las recomendaciones del Comité a México desde el 2012 a 2023 y se decidió en su 28° periodo de sesiones solicitar al Estado mexicano toda la información disponible en junio de 2025.

El Estado mexicano tuvo un plazo máximo de responder hasta el 18 de septiembre de 2025 y lo hizo de forma confidencial conforme al artículo 47 del Reglamento del Comité. Paralelamente, la instancia recibió informes sombra entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 que se examinaron durante el 29° y 30° periodo de sesiones hasta emitir la resolución actual de llevar el asunto a la Asamblea General.

En México hay desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad: CED ONU – cimacnoticias.com.mx

Lo que encontró el CED ONU en México

El análisis del Comité confirmó que existe participación entre servidores públicos con las desapariciones forzadas, así como colusión de grupos criminales además de patrones en estados como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. Aunque se trata de una situación que se replica en todo el territorio y por ello tiene carácter «generalizado», el CED ONU reafirmó que no se necesita que suceda en todo el país para alcanzar dicha categoría.

El CED ONU también describió las desapariciones forzadas en México de carácter «sistemático» porque sigue patrones repetidos y no aleatorios como detenciones ilegales para la entrega a grupos criminales, el uso de fuerzas especiales, fosas clandestinas usadas con conocimiento de autoridades forense.

Se destaca que los casos de «aquiescencia» o conocimiento de las autoridades cumplen con la definición propuesta por México donde se detalla que el Estado tenía conocimiento previo de riesgo real e inminente, pero se mantuvo sin actuar facilitando activamente los crímenes. También se remarcó la impunidad en varios casos de desaparición como consecuencia de la falta de investigaciones suficientes, los tipos penales aplicados que diluyen el delito y los estándares probatorios exigentes.

Aun así, el Comité no señaló que existe una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas, es decir, que aunque se confirma la existencia de crímenes de lesa humanidad en México esto no significa que sean ordenados desde el más alto nivel del Estado, sino que la responsabilidad se acredita en la participación de autoridades locales, municipales y estatales frente a las organizaciones criminales. 

Una década de observaciones

El análisis del Comité fue el resultado de más de una década de observaciones y recomendaciones al Estado mexicano instándole de adoptar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, encontrar a las personas desaparecidos, y promover los derechos de las víctimas.

En 2015, el CED ONU declaró que existía evidencia sobre un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, la mayoría de ellas forzadas. También determinó deficiencias para prevenir las desapariciones forzadas y la inexistencia de un registro único para obtener estadísticas confiables.

Para 2018 observó «falta de avances» en la implementación de las recomendaciones anteriores, el escaso números de condenas, el alto número de cadáveres sin identificación y las fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio. Destacó la existencia de obstáculos para proporcionar verdad, justicia y reparación integral a las víctimas.

En cambio, reconoció la tipificación de la desaparición forzada en la Ley General pero sin que se desarrollara adecuadamente el Artículo 3° de la Convención, el cual lo describe como un crimen de lesa humanidad, por lo que recomendó revisar la legislación. También pidió excluir la jurisdicción militar para la investigación de casos y reconoció la instalación de la Comisión Nacional de Búsqueda y la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Tres años después, en 2021, recomendó adoptar una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación para reconocer la responsabilidad de los servidores públicos, las causas de la impunidad, abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública, informar sobre las desapariciones en México e implementar un marco normativo.

A su vez, propuso reforzar a las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; remover los obstáculos que impiden la judicialización de casos; atender las desapariciones en contextos migratorios; facilitar procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria; atender la crisis forense; y reconocer el papel de las víctimas.

Para 2023 reiteró muchas de las recomendaciones formuladas entre 2015 a 2021.

En 2026, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) informó que decidió solicitar al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a su Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. 

En 2026, México registra 28 niñas, niños y adolescentes víctimas de pornografía infantil

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Wendy Rayón Garay / CIMAC  / Ahora Noticias Mx 

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Ciudad de México.- En lo que va del 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró que 28 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de pornografía infantil y al menos ocho se fueron captados por redes de trata con fines de explotación sexual, frente a esta realidad y en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil hablar de la hipersexualización infantil se vuelve una conversación urgente.

Esta fecha se conmemora cada 4 de abril para recordar que la explotación sexual infantil es una forma de violencia y abuso de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes quienes son víctimas de redes de trata que los obligan a participar en actividades sexuales con personas adultas, además son llevadas a un mercado organizado por redes criminales que puede verse como explotación o trata infantil, abuso sexual sin o con contacto, así como la difusión de imágenes a través de internet.

La sexualización de las niñas, niños y adolescentes también contribuye a generar estereotipos de género sexistas que pueden terminar en casos graves de violencia de género o desigualdad. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la violencia sexual se presenta con frecuencia entre las niñas.

Datos del Registro de lesiones 2010 a 2024 de la Secretaría de Salud indican que en los hospitales del país se atendieron a 10 mil 613 personas de 0 a 17 víctimas de violencia sexual de los cuales 9 mil 849 fueron mujeres, es decir, el 92. por ciento. No obstante, REDIM advierte que el número documentado no corresponde con la totalidad de las víctimas a nivel nacional.

La organización también especifica que la población adolescente representa una proporción significativa de las víctimas de violencia sexual, ya que alrededor de tres a cuatro casos de este tipo de violencia que fueron atendidos oscilaban entre los 12 y 17 años.

Afectaciones en el crecimiento de las niñas

El análisis del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de México (CELIG) llamado «Hipersexualidad, una constante en su crecimiento. Niñas niños y adolescentes expuestos» existen efectos negativos en las niñas y niños cuando se rompe el equilibrio y se saltan etapas en su crecimiento.

Entre los cero a los 18 meses de edad están en la etapa oral, del año a los 3 años en la etapa anal, entre los 3 a los 6 años en la etapa fálica, entre los 6 a los 12 años en la lactancia y entre los 12 a los 18 años en la genital.

Dentro de dicha clasificación, se agrega una nueva etapa la cual es la preadolescencia que corta la etapa de la niñez. El CELIG expone que detrás del aceleramiento de la infancia están los motivos comerciales para impulsar una imagen prefabricada como anzuelo comercial para vender productos: «Todo es un negocio en una sociedad ultra materialista, todo es susceptible de generar ganancia, incluyendo la infancia».

En consecuencia, las niñas, niños o adolescentes llevan a cabo actividades que no pertenecen a su edad como seguir dietas, presentar problemas alimentarios, preocuparse por ir al gimnasio o realizarse cirugías estéticas a edades tempranas debido a la ansiedad para conseguir validación social.

Paralelamente, pueden existir afectaciones a nivel social, pues la identidad personal y la autoestima de estas niñas y adolescentes queda dictada por medios que no se ajustan a los cánones reales provocando una percepción errónea sobre su apariencia.

Esto ocurre con frecuencia cuanto se utiliza el sexo y la actitud sobre la sexualidad femenina como enganche para vender productos. La cultura promueve el mercado sexual ligado a patrones que catalogan a las mujeres como objetos y accesorios.

El informe del CELIG describe que la hipersexualización también puede generar bulimia, depresión ansiedad y una visión violenta y distorsionada sobre la sexualidad cuando hay conductas sexuales prematuras.

Para el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes algunas recomendaciones para evitar la hipersexualización son: evitar el incentivo a niñas y adolescentes a usar maquillaje, vestimenta o accesorios que las y los haga ver como personas adultas; no preguntarles si tienen novia o novio; no fomentar expresiones o bailes con movimientos sexuales; no besarlos en la boca o presionarles para que besen a alguien incluso si es un familiar.

Implicaciones de hipersexualizar a las niñas

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de México (CELIG) de la Cámara de Diputados, la hipersexualización infantil es la sexualización de las expresiones, posturas o códigos de la vestimenta considerados demasiado precoces.

Nos dicen que la hipersexualización infantil es un fenómeno que puede proyectarse en diferentes ámbitos como la publicidad, la industria de la moda, las series de televisión, los programas infantiles y videoclips. Desde estos espacios, las infancias suelen adoptar una imagen adulta o se les incita, sobre todo a las niñas, a replicar la indumentaria, estilos o comportamientos.

El CELIG explica que las niñas suelen optar por dicho rol como ideal ante la falta de un sentido crítico de su entorno adulto, es decir, que a temprana edad aprenden que su valor reside en cómo se visten y actúan construyendo así una autoestima e identidad basada en una imagen estereotipada. En consecuencia, cuando crecen se desarrollan siendo vulnerables buscando alcanzar el patrón estético.

La exposición sobre la hipersexualización tuvo lugar a finales del siglo XX cuando diversos autores cuestionaron que las mujeres, especialmente jóvenes, aparecían en contenidos audiovisuales como videoclips, programas, videojuegos o letras de canciones de forma erotizada.

Fue en 2007 que la American Psychological Association (APA) publicó el informe Sexualitation of girls donde incluyó cuatro indicadores: la reducción del valor de una persona por su atractivo y comportamiento sexual, confundir el atractivo físico con «ser sexy», convertir a la persona en un objeto de uso sexual, e imponer una sexualidad inapropiada en las niñas.

Greg Bailey, primer director ejecutivo varón de la Mother’s Union, organización benéfica internacional emitió 14 recomendaciones contra la hipersexualización y pidió:

Frenar la venta de ropa de corte adulto, facilitar el bloqueo de contenidos inapropiados en internet, vigilar videos musicales, mejorar los códigos de vestimenta escolar, revisar las directrices publicitarias, mayor conciencia parental, mejorar la educación sexual en las escuelas, formar al personal docente, involucrar a la industria de la moda, supervisión de organismos reguladores, promover modelos a seguir positivos, investigación continua y colaboración intersectorial. 

Legislación en México

En el mes de marzo de este 2026, la diputada panista Paulina Rubio Fernández presentó una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender y sancionar la hipersexualización infantil y proteger el desarrollo de las infancias y su dignidad.

Con ello se busca adicionar una fracción XIV Bis al artículo 4° para definir el concepto de hipersexualización que define: 

«Es la tendencia a enfatizar el valor sexual de las y los menores de edad, utilizándolos publicitariamente en actitudes, expresiones o códigos de vestimenta precoces e inadecuados para su edad, y que los menores viven inmersos en una realidad llena de connotaciones sexuales.» -Paulina Rubio Fernández, diputada del PAN.

De acuerdo con la funcionaria, su proyecto no pretende coartar la libertad de las mujeres de vestir y tener una imagen bajo sus propias decisiones o reprochar cómo las mujeres viven su sexualidad; sino que las niñas y adolescentes, que se encuentran en formación no sean víctimas de estereotipos o presiones para vivir experiencias adultas que no corresponden con sus necesidades cognoscitivas. 

Sheinbaum debe reconocer que crisis de desaparecidos está fuera de sus manos: defensoras de Guerrero

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Matrix Network México  / Ahora Noticias Mx 

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“La presidenta tiene que reconocer que la problemática está fuera de sus manos y de su control para que la ONU pueda intervenir, capacitar y dar los recursos necesarios para que la situación se empiece a erradicar. Querer ocultarlo es permitir que esa situación continúe”. 

CHILPANCINGO, Gro.- La presidenta Claudia Sheinbaum tiene que reconocer que la crisis de desaparición forzada en México está fuera de sus manos para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atienda la problemática, dijeron defensoras de derechos humanos. 

Y calificaron como “vergonzosa” la postura de rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU por parte de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. 

Las defensoras de derechos humanos María Luisa Garfias, Silvia Castillo y Norma Mesino, acompañadas de activistas, anunciaron en Chilpancingo el estreno del documental “La misma sangre”, que retrata la lucha de la familia Mesino de Atoyac de Álvarez y la represión que han sufrido por parte del Estado mexicano. 

El largometraje es de Ángel Linares y Miguel Ángel Sánchez. Participará en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el 20 y 21 de abril. Y el 28 se proyectará en el auditorio Sentimientos de la Nación de Chilpancingo. 

“La película la queremos presentar en un espacio donde estén los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, los que toman decisiones, porque queremos que se garantice el trabajo de las defensoras y defensores”, dijo Norma Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). 

“La misma sangre” habla del trabajo de tres generaciones de la familia Mesino. Desde 1970 con Juana Acosta Martínez, su hijo Hilario Mesino Acosta, fundador de la OCSS, y la tercera generación de los hijos de Hilario: Carlos, Norma, Rocío y Miguel Ángel Mesino, estos dos últimos perseguidos, encarcelados y asesinados. 

La OCSS nació en 1994 en demanda de justicia, contra la tala de madera y para pedir la presentación con vida de los primeros activistas desaparecidos en la sierra de Guerrero. 

“Surgió después de que Atoyac quedó con una herida abierta por la desaparición de 400 hombres, después de la persecución contra Lucio Cabañas. 

“Lo que buscábamos era imposible, nos estábamos enfrentando con Rubén Figueroa Alcocer, el hijo de uno de los gobernadores más sanguinarios Rubén Figueroa Figueroa”, recordó Norma Mesino. 

En 31 años, agregó, 45 integrantes de la organización han sido asesinados de manera extrajudicial, entre los 17 campesinos masacrados en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, por parte de policías estatales. 

Y continúa encarcelado Antonio Barragán Carrasco. 

“Es un preso que todavía está en la mazmorra de este gobierno de la 4T. Exigimos que ponga en libertad, ha sido víctima de tortura y desaparición forzada. Es una persona mayor de edad”. 

La activista denunció que entre 1994 y 1998 hubo un desplazamiento forzado de decenas de familias que no se registró. 

“Era aniquilar a toda la estructura de la organización que había puesto en jaque a unos de los gobiernos más sanguinarios de Guerrero”. 

En la conferencia a Norma Mesino, se le preguntó la situación actual de la lucha social en la entidad suriana. 

“Vivimos en una situación crítica donde hoy en día el crimen organizado tiene el control absoluto. Cuestionas, demandas y exiges al gobierno, pero quienes te reprimen son otra gente. Te amenazan y te desaparecen y el gobierno se lava las manos”, dijo. 

Puso como ejemplo el asesinato impune del defensor del agua y el territorio de Acapulco, Marco Antonio Suástegui, ocurrido el 25 de abril de 2025.   

No obstante, dijo que las organizaciones sociales se están acuerpando y articulando. 

“El movimiento social no va a morir, si no acabó cuando tuvimos la represión más fuerte, ahora menos”, advirtió. 

El trabajo está y hoy más que nunca debemos estar organizados y fuertes, dijo. 

María Luisa Garfias Marín, presidenta de la asociación civil Aliadas por la Justicia, alertó que en Guerrero y en todo México continúan las desapariciones forzadas en las están involucrados agentes del Estado, como los policías, que han sido capacitados para reprimir y que tienen armas que les da el Estado. 

“Los policías son los responsables de las desapariciones forzadas, tenemos presidentes municipales señalados de vínculos con el crimen organizado”. 

“Es una situación que el gobierno federal tiene que reconocer, que hay implicaciones de agentes del Estado en la desaparición forzada. Negar la realidad es querer tapar el sol con un dedo”. 

La defensora puso como ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa por parte de policías e integrantes del Ejército en septiembre de 2014. 

“Se siguen repitiendo las desapariciones forzadas, independiente del partido que se encuentre en el poder. Es un problema que está en todas las estructuras del gobierno. 

“La presidenta tiene que reconocer que la problemática está fuera de sus manos y de su control para que la ONU pueda intervenir, capacitar y dar los recursos necesarios para que la situación se empiece a erradicar. Querer ocultarlo es permitir que esa situación continúe”. 

Los crímenes de lesa humanidad en el país se han ido incrementando en México por parte de integrantes de organizaciones criminales en complicidad con agentes del estado. Así como con servidores públicos que tratan de proteger a los responsables, agregó. 

Lamentó que muchos de sus compañeros surgidos del movimiento social hayan sido cooptados por la 4T o integrados a Morena. 

“A pesar de que están conscientes de lo está pasando, prefieren guardar silencio. En el pasado fueron críticos y hoy callan ante situaciones lamentables que estamos viviendo”. 

Silvia Castillo, coordinadora en Guerrero de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, refirió que el documental “La misma sangre” retrata violaciones a los derechos humanos que no han caducado desde los años 60 a la fecha. 

“Es sumamente vergonzoso e indignante que la presidenta Claudia Sheinbaum asuma esa postura de rechazo ante un informe tan serio y profesional del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que está hecho en base a los casos con nombres y apellido que tienen los colectivos de todo el país. 

“Y es vergonzoso que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, asuma la misma postura, sobre todo siendo hija de una mujer emblemática, Rosario Ibarra de Piedra, iniciadora del movimiento por la búsqueda de los desaparecidos”. 

Dijo que las defensoras de derechos humanos están sumamente preocupadas por esa actitud. 

Las violaciones a los derechos humanos en México están ahí y no se pueden ocultar. 

“No pueden callar a las madres, porque se trata de seres humanos que no están en este momento y que no han tenido justicia”, finalizó. 

Brugada presume obras de transporte rumbo al Mundial; prevé concluir en mayo

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Matrix Network México  / Ahora Noticias Mx 

Autoridades de la CDMX detallaron los trabajos de renovación de Metrobús, Metro, Tren Ligero, Trolebuses, RTP y Cetram 

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CIUDAD DE MÉXICO .-  A menos de dos meses del inicio del Mundial de Futbol 2026, el gobierno capitalino hizo un recuento de obras de movilidad y electromovilidad en ejecución y próximas a inaugurarse, con una inversión de 5 mil 183 millones de pesos —incluidos mil 500 millones de aportación federal—, y con un plazo definido para su conclusión: abril y la primera semana de mayo, en la antesala del arranque del torneo en la capital mexicana. 

“Estamos hablando de cientos de miles de personas que se van a trasladar diariamente en infraestructura nueva en la que hoy estamos trabajando”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al referirse a las obras en ejecución rumbo al Mundial, y dijo que deberán concluirse “en abril y principios de mayo, máximo la primera semana de mayo”. 

La morenista agregó: “El día de hoy escuchamos lo que ya está en camino y que estamos a punto de inaugurar, en cuanto a actividades rumbo al Mundial. Este Mundial 2026, que nos convierte en una ciudad muy vista por el mundo y que además va a recibir a una gran cantidad de visitantes; turistas que van a estar alrededor de un mes y medio en esta capital”.  

El paquete de intervenciones reportado abarca cerca de 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada: 100 kilómetros vinculados a electromovilidad, 50 kilómetros de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro —una red con más de cinco décadas de operación— y 34 kilómetros de ciclovías. Estas obras están proyectadas para incorporar casi medio millón de usuarios adicionales diarios en nuevas rutas y servicios. 

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, enmarcó las acciones en el uso del Mundial como catalizador de intervenciones ya previstas: “El mundial de 2026 no solamente es un evento internacional, sino que lo estamos usando también para transformar de manera profunda, la forma en la que nos movemos en esta ciudad”.  

Metrobús: conexión aeropuerto–centro y nodos de transferencia 

La directora general del Metrobús, María del Rosario Castro Escorcia, detalló que el 30 de enero inició operaciones la ruta Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–Paseo de la Reforma, de la Línea 4, con 29 kilómetros de recorrido, 19 unidades eléctricas y una demanda promedio de 120 mil usuarios diarios. El servicio atraviesa el Centro Histórico, conecta con las líneas 1 y 7 y enlaza corredores turísticos y comerciales. 

La funcionaria precisó que se mantienen en proceso obras de modernización en las terminales 1 y 2 del aeropuerto —a cargo de las autoridades aeroportuarias— y en la terminal San Lázaro, considerada un nodo de conexión con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). Las intervenciones incluyen ampliaciones, señalética y sistemas de información para usuarios, con conclusión prevista a inicios de junio. 

Tren Ligero y trolebuses: aumento de capacidad y cambios operativos 

El director del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, expuso la modernización del Tren Ligero Taxqueña–Xochimilco, que será denominado Ruta del Ajolote. El proyecto incluye una nueva terminal en Taxqueña con inversión de 150 millones de pesos, que permitirá operar trenes acoplados mediante tres andenes y reducir en 30 por ciento los tiempos de traslado. 

También se intervienen siete estaciones en el tramo Estadio Azteca–Xochimilco con una inversión de 50 millones de pesos, con instalación de techumbres, mejoras arquitectónicas, señalética y guías podotáctiles. Se incorporan equipos salvaescaleras en nueve estaciones para accesibilidad universal, con conclusión prevista en abril. 

El organismo reportó la adquisición de 17 trenes ligeros con inversión cercana a mil 400 millones de pesos, equipados con sistemas de videovigilancia y accesibilidad, con capacidad para transportar hasta 200 mil usuarios diarios. Estas unidades se encuentran en fase de pruebas y se prevé su entrada en operación en la primera semana de mayo. 

A ello se suma un sistema de regulación ferroviaria con inversión de casi 800 millones de pesos, que incluye un nuevo puesto central de control, señalización, comunicación entre operadores y centro de mando, así como barreras automáticas en nueve cruces para reforzar la seguridad operativa antes del Mundial. 

Sobre el sistema de trolebuses, el funcionario informó la implementación de la Línea 14 (Huipulco–Universidad), con 13.2 kilómetros y 19 unidades, y el ramal Chapultepec–Ciudad Universitaria, de 22.1 kilómetros, con 60 unidades. Ambos proyectos incluyen esquemas de integración de concesionarios, que contemplan participación directa, retiro con compensación o permanencia en rutas paralelas. 

Metro: intervención estructural en Línea 2 y ampliación de capacidad 

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, detalló la ejecución de un mantenimiento mayor en la Línea 2 con una inversión de mil 500 millones de pesos.  

El proyecto incluye el incremento de trenes de 28 a 32 unidades para mejorar la frecuencia, así como la rehabilitación de sistemas de frenos, puertas, iluminación, ejes de rodamiento, baleros y zapatas. 

Las obras contemplan la revisión y sustitución de durmientes, rieles y fijaciones, la nivelación de vías para reducir vibraciones y bamboleos, así como la intervención en subestaciones eléctricas, cableado, barra guía y sistemas de señalización y control (ATO y ATP).  

Ruvalcaba precisó que también se modernizan escaleras eléctricas —54 en operación—, sistemas de ventilación, torniquetes y estructuras en estaciones, junto con la instalación de 800 cámaras de videovigilancia y la incorporación de personal bilingüe para atención a usuarios. 

RTP y CETRAM: nuevas rutas y rehabilitación de puntos de transferencia 

En la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el director Daniel Arcos Ramírez recordó la creación del Centrobús “Ruta de las Mujeres Indígenas”, con 12 autobuses eléctricos de nueve metros, equipados con accesibilidad universal, videovigilancia y sistemas de operación en tiempo real. 

El servicio contará con dos circuitos —uno exterior de 6.2 kilómetros y otro interior de 5.8— que suman 33 paradas y conectan puntos como el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes y el Templo Mayor. Operará de 5:00 a 23:00 horas, con frecuencia de 15 minutos, recorridos de 40 minutos y una demanda estimada de 88 mil 400 usuarios mensuales. Su inicio está programado para el 8 de mayo, con una inversión de 111 millones de pesos. 

Intervenciones en Cetram

El director del Órgano Regulador del Transporte, Fernando Solís Godínez, habló sobre la intervención en Centros de Transferencia Modal (Cetram), donde diariamente se movilizan entre 5 y 6 millones de personas.  

En Huipulco —punto de conexión histórica con el Estadio Azteca desde el Mundial de 1986— se invirtieron 29.7 millones de pesos en rehabilitación de andenes, techumbres, vialidades y un biciestacionamiento con capacidad para 160 bicicletas. 

En el Cetram Universidad se ejecuta una intervención en dos etapas con inversión de 20.7 millones de pesos, mientras que en Taxqueña —uno de los más antiguos— se realiza rehabilitación integral de carriles y espacios operativos. Estas obras se complementan con la ciclovía Gran Tenochtitlan de 34 kilómetros, en proceso de conclusión en abril, que conectará el centro con el sur de la ciudad. 

Sacrifica Sheinbaum gasto en seguridad e inversión para mantener programas sociales

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Pamela Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Matrix Network México  / Ahora Noticias Mx 

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Con un crecimiento de apenas 0.8%, un déficit de 4.8% del PIB y el costo de la deuda en su nivel más alto desde 1993, el primer año del sexenio de Sheinbaum cerró con señales de alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, sostiene México Evalúa. 

CIUDAD DE MÉXICO .- En un contexto de bajo crecimiento económico y fuertes presiones sobre las finanzas públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por sacrificar el gasto en salud, seguridad e inversión para mantener los programas sociales que más réditos políticos y electorales le han dado a los gobiernos de la 4T: las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.

De acuerdo con el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio” de México Evalúa, ese año el gobierno mexicano destinó el 9.9% de sus ingresos tributarios únicamente al pago de pensiones asistenciales, casi el triple del porcentaje de 2019. 

Y esto ocurrió en un año en el que la economía mexicana registró un crecimiento marginal (apenas 0.8%), mientras que las transferencias a Pemex llegaron a un monto histórico (156 mil millones de pesos) y el déficit fiscal cerró en 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un punto arriba de la meta.

El mayor déficit observado en 2025 no sólo incrementó las necesidades de financiamiento del gasto público, sino que elevó el costo de la deuda acumulada, ya que el pago de intereses y el servicio de la deuda pública llegó a 1.31 billones de pesos, 9.8% más que en 2024 y el monto más alto registrado desde 1993. Por cada peso cobrado en impuestos, se dedicaron 24 centavos a ese rubro.

El trabajo de México Evalúa indica que todo esto hizo que al gobierno de Sheinbaum le resultara “inevitable” hacer un ajuste presupuestal, y éste se resintió especialmente en la inversión pública, que sufrió una drástica caída del 28.4% en 2025 con relación al año previo y se ubicó en su nivel más bajo en casi dos décadas. 

“Recortar la inversión debilita el desarrollo del país, por lo que habrá consecuencias a largo plazo”, sostiene el estudio.

Agrega que a través de infraestructura en salud, educación, electricidad y agua, entre otros, la inversión pública impulsa el bienestar social inmediato y funciona como palanca del crecimiento económico e incentiva la inversión privada.

“Cuando el Estado reduce su inversión y utiliza la deuda principalmente para cubrir presiones corrientes –indica la investigación– envía señales de menor dinamismo y previsibilidad, lo que puede desincentivar proyectos privados complementarios. En un contexto de bajo crecimiento, esta dinámica erosiona la base productiva que sostiene la recaudación, limita el potencial de expansión económica y tensiona la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”. 

Escaso margen de maniobra 

El ajuste fiscal del gobierno en 2025, sostiene el estudio, descansó en dos decisiones que si bien ayudaron a contener el déficit en el corto plazo, plantean riesgos relevantes hacia adelante: el recorte en la inversión pública y el deterioro de la “regla de oro” del endeudamiento.

Las cifras oficiales señalan que la inversión pública se ubicó en 770 mil millones de pesos en 2025, su punto más bajo desde 2008.

Además, por cada peso de endeudamiento se destinaron sólo 45 centavos a la inversión, “cuando lo sostenible es invertir al menos la misma cantidad de la deuda adquirida”.

México Evalúa advierte que los datos de 2025 evidencian que la vulnerabilidad fiscal no radica sólo en el tamaño del déficit, sino en la creciente rigidez del gasto.

“La consolidación (fiscal) fue incompleta (a pesar de que la recaudación se incrementó), la deuda no se estabilizó y casi todos los ingresos se destinaron a obligaciones comprometidas —pensiones, intereses y transferencias—, dejando escaso margen de maniobra”, según el trabajo.

De acuerdo con el centro de pensamiento, la inversión fue la principal variable de ajuste y la deuda se utilizó cada vez menos para financiar activos productivos, lo que debilita el crecimiento potencial de la economía del país y encarecen la carga financiera futura.

Aunque México Evalúa no habla específicamente de una reforma fiscal, el estudio afirma que, “ante este panorama, se requiere una agenda integral que fortalezca los ingresos estructurales, revise la trayectoria del gasto rígido, en especial en pensiones; redefina el apoyo a Pemex y proteja la inversión pública”. 

La consolidación fiscal, asegura, “no puede sostenerse sólo con recortes de corto plazo” y más bien se necesita “una reconfiguración del presupuesto que recupere espacio fiscal y restablezca una trayectoria ordenada de deuda”, ya que sin estos cambios el margen para financiar desarrollo y derechos seguirá reduciéndose. 

El golpe a salud y seguridad 

El gasto en salud también retrocedió un 2.3% en 2025, equivalentes a 22 mil millones de pesos, mientras que el gasto en Estado de derecho –que comprende las partidas presupuestales de seguridad nacional, asuntos de orden público, justicia y el 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios– se contrajo 1.4% a pesar de la crisis de inseguridad que vive México.

El estudio incluso señala que, en perspectiva histórica, el presupuesto en Estado de derecho se ubica 9% por debajo del máximo registrado en 2016, año en que se destinaron 426 mil millones de pesos, equivalentes al 1.32% del PIB.

En 2025, el gobierno desembolsó dos mil 908 pesos por habitante a los rubros de Estado de derecho, frente a los dos mil 973 pesos de 2024. En comparación con 2016, la disminución fue de 538 pesos per cápita.

En términos internacionales, agrega el trabajo, el gasto por habitante en seguridad y justicia de 2025 fue menor en 486 pesos que el promedio per cápita de los países de América Latina y el Caribe, que ronda los 198 dólares anuales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomienda que al menos 2% del gasto programable se destine al Poder Judicial, pero en México la proporción es apenas de 1.1%, “lo que evidencia una subinversión estructural”, indica el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”.

Esto ocurre cuando el país viene de un sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), que no sólo fue el de más homicidios en la historia moderna de México, sino también el de mayor incidencia de delitos asociados a la violencia letal, los cuales aumentaron en 15.3%, según otra investigación de México Evalúa.

De acuerdo con el centro, una tabla del centro de pensamiento basada en datos oficiales, en 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia, en el país se registraron 68 mil 904 hechos de violencia letal, mientras en 2024, último año de ese gobierno, la cifra subió a 79 mil 479, para un promedio de nueve cada hora.

En 2025, primer año del gobierno de Sheinbaum, se registraron más de 72 mil eventos asociados a la violencia letal en el país, y esto representa un incremento de 73% con respecto al año 2015, aunque fue menor en 8.6% con respecto a 2024.

En cambio, la percepción de inseguridad aumentó en 2025. A finales de ese año, el 63.8% de la población urbana en México mayor de 18 años consideró inseguro vivir en su ciudad, un aumento de 5.2 puntos con respecto al porcentaje de finales de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La presión de las pensiones 

De acuerdo con el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio”, si se considera únicamente a la población en edad de trabajar (de entre 15 y 64 años), la carga implícita de pensiones asistenciales asciende a 23 mil 832 pesos por cada mexicano, 49% más que en 2019.

En la práctica, indica, cada trabajador sostiene una proporción creciente de obligaciones pensionarias, lo que limita la disponibilidad de recursos para otros servicios públicos.

El trabajo de México Evalúa compara la inversión en infraestructura con el deterioro del balance intergeneracional del presupuesto e indica que, en 2005, por cada peso destinado a pensiones se invertían 1.2 pesos en infraestructura.

Pero a partir de 2017 esta relación se invirtió. En 2025, por cada peso ejercido en inversión física se destinaron 2.7 pesos a pensiones, lo que significa que el Estado asigna 2.7 veces más recursos a obligaciones con generaciones retiradas que a proyectos orientados al crecimiento y la productividad futura.

Por ello, señala, debe fortalecerse de manera sostenida la base tributaria. 

El estudio indica que los ingresos tributarios alcanzaron en 2025 niveles históricos, aunque fueron impulsados principalmente por una mayor labor fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que obtuvo 1.21 billones de pesos por actos de fiscalización, el nivel más alto registrado hasta ahora. 

Sin embargo, la recaudación asociada al dinamismo económico permaneció prácticamente estancada en 11.7% del PIB, al tiempo que los ingresos petroleros siguieron debilitándose.

“Esto plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento recaudatorio, al depender más de eficiencia administrativa que de expansión económica”, asegura el trabajo. 

México Evalúa hace cinco recomendaciones para dar sostenibilidad en el largo plazo al gasto gubernamental. La primera es impulsar el crecimiento económico para fortalecer las finanzas públicas mediante el fortalecimiento de la recaudación con una base tributaria más amplia. Esto sería posible con un mayor dinamismo del PIB y estrategias de formalización con incentivos temporales y simplificación administrativa. 

Además es necesario fortalecer la transparencia y la gobernanza de la fiscalización tributaria otorgando a la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente un papel más relevante. La autoridad también debería publicar estadísticas periódicas, agregadas y anonimizadas sobre la distribución, duración y resultados de las auditorías, así como el uso de medidas cautelares, para evaluar su efectividad y proporcionalidad sin vulnerar el secreto fiscal.

Otras recomendaciones son contrarrestar el uso no productivo de la deuda pública y establecer garantías presupuestarias para sectores prioritarios, como salud, cuidados, medicamentos, seguridad municipal, Estado de derecho e inversión pública.

Además tendrían que condicionarse los apoyos del gobierno a Pemex a mejoras en la rentabilidad de la paraestatal.

El estudio señala que la producción de crudo cayó en 2025 a 1.36 millones de barriles diarios, la cifra más baja desde 1990, al tiempo que, por vez primera en la historia, los mexicanos pasaron de beneficiarse de la renta petrolera a subsidiar a la empresa estatal con mil 173 pesos por habitante. 

Infodemia: altos sueldos directivos y más de 5 millones en subcontratos para redacción de guiones

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Pamela Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Dalila Escobar / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Matrix Network México / Laboratorio de IA

Infodemia, encabezada por Jenaro Villamil, se define como promotora de alfabetización digital y verificación de información. Sin embargo, ha sido criticada por descalificar reportajes incómodos, maquillar procesos y recurrir a contratos millonarios para tareas básicas como guiones. 

CIUDAD DE MÉXICO El programa Infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) opera con personal en cargos directivos que perciben remuneraciones netas que van de los 123 mil a los cerca de 80 mil pesos mensuales por honorarios; pero para tareas básicas como la redacción de guiones subcontratan un servicio que ha generado el gasto adicional de más de 5 millones de pesos en contratos registrados entre octubre de 2020 y julio de 2025.

La máxima expresión de Infodemia se observa en las conferencias presidenciales de Palacio Nacional mediante la sección “Detector de mentiras”, que es una derivación de “Quién es quién en las mentiras de la semana”, creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 

Se definen como una iniciativa de SPR, encabezado por Jenaro Villamil, para combatir “la epidemia de noticias falsas y ofrecer a las audiencias digitales un espacio de información verificada”, además de presentarse como promotora de una “alfabetización digital”, a través de un proceso de verificación con las fuentes directas y, después, publicar lo que presentan como desmentidos.

Hablan de un “compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del país”.

En la práctica ha fungido como una estrategia para descalificar reportajes o notas periodísticas generalmente basadas en testimonios sobre alguna falla en un servicio público, siempre bajo el argumento de que buscan dañar al gobierno.

Recientemente dieron una muestra de la falta de veracidad de sus procesos de “verificación” ante una serie de videos difundidos en redes sociales en los que se observa a una mujer que salió a asolear sus piernas en una ventana de Palacio Nacional.

De inmediato Infodemia desmintió las imágenes y dijo que se trataba de inteligencia artificial, según sus procesos de verificación. El pasado 30 de marzo fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien admitió la veracidad de lo difundido en redes. El conductor de "El detector de mentiras", Miguel Ángel Elorza, tuvo que admitir el error y disculparse.

El jueves 2 de abril, la Secretaría de Hacienda confirmó la renuncia de Florencia Franco Fernández como directora general de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público, identificada como la persona que salió a broncearse.

Sueldos en continuo ascenso 

Miguel Ángel Elorza Vázquez inició en el servicio público dentro del Sistema Público de Radiodifusión en marzo de 2019 como jefe de departamento encargado de “supervisar”, aunque en su declaración no especificaba sobre qué inspeccionaba.

Tiene una maestría en Filosofía por la Universidad Veracruzana y otra carrera en “sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos I y II”. Toda su experiencia laboral anterior estuvo en el sector académico privado.

Inició con un sueldo mensual de 25 mil 615 pesos y en sólo un año, ya como titular de la oficina de Redes Sociales (y Digitales), casi multiplicó su remuneración mensual, al llegar a más de 45 mil 400 pesos en el régimen de honorarios.

En el cargo que tuvo cambió de puesto en varios momentos, por ejemplo, después era “coordinador de Comunicación y Redes”, ya había logrado un gran cambio en su salario, pues para 2022, apenas tres años después de su ingreso al servicio público, ya era de más de 61 mil 200 pesos.

Para 2023, ya como director general de Comunicación y Redes en el SPR, sus ingresos por el cargo público se dispararon a más de 106 mil 500 pesos al mes.

En su declaración de mayo de 2024, cinco meses antes de su presentación al frente de la sección el “Detector de mentiras” y sólo un año después de su último aumento de ingreso, el monto anual por el cargo público -sin declarar ningún otro ingreso por otras actividades- ya era de 1 millón 395 mil 577 pesos, casi 116 mil 300 pesos.

Una vez instalado en la sección que presume desmentir información de medios y la que circula en redes sociales, en su última modificación de declaración patrimonial, reportó ingresos anuales por cargo público por 1 millón 446 mil 636, es decir, unos 120 mil pesos al mes. Declara que su estatus sigue siendo por honorarios.

A pesar de que el ahora director de Infodemia aumentó su sueldo en más de 368% en seis años, el Sistema Público de Radiodifusión recurre a la partida presupuestal de subcontratación de servicios con terceros -un modelo que desde el sexenio pasado se dijo que se buscaría eliminar con una reforma- en la mayoría de los casos para la redacción de guiones de Infodemia.

La plataforma de Infodemia asegura que “todas las personas que colaboran en InfodemiaMx forman parte del equipo del SPR y las alianzas y acuerdos con otras instituciones públicas nacionales e internacionales se realizan sin fines de lucro”.

La sección en promedio dura cinco minutos y se presenta durante la conferencia presencial y después en espacios de medios públicos. Para su contenido generan guiones con personas físicas que son subcontratadas por adjudicación directa, para los que ofrecen montos máximos de hasta 600 mil pesos por cada contrato.

De acuerdo con información de Transparencia, uno de esos contratos por adjudicación directa fue firmado en 2025 bajo la descripción de “Servicio de redacción de guiones para el proyecto Infodemia, el cual también considera la entrega de un informe final conforme al Anexo Técnico”, por una cantidad mínima de 43 mil 616 pesos y máxima de 94 mil 482 pesos, a nombre de Fernanda Tenorio Peña.

La vigencia de la prestación de los servicios era sólo para un periodo entre septiembre a diciembre de 2025, con tres entregas.

Quien se encargó de hacer la solicitud de cotización por estos servicios fue Gustavo Enrique Ramírez Díaz, de la Dirección de Investigación y Análisis dentro de la Dirección General de Comunicación, Plataformas y Redes de SPR, que dirige Elorza.

Ramírez Díaz inició su labor en SRP en 2022, con una remuneración mensual por cargo público de 63 mil 381 pesos. En su última declaración reportó un ingreso anual de 1 millón 5 mil 166 pesos, es decir, más de 63 mil 700 pesos mensuales.

En otro lapso, de agosto a diciembre del año pasado, hay otro ejemplo de contrato reportado, también para el servicio de redacción de guiones para el proyecto Infodemia que benefició a Christopher Cruz Delgado, a quien se le aceptó un monto de entre 73 mil y casi 132 mil pesos.

Un contrato más por una vigencia de julio a diciembre del año pasado ofrece otro rango de monto igual al anterior por hacer guiones.

Una de las adjudicaciones directas de contrato más prolongadas fue a Giovanne Pajarito Cortés, que fue de enero a diciembre de 2025, por un monto máximo de 603 mil 200 pesos con impuestos incluidos, para la prestación del servicio de “coordinación, producción y administración de contenido para el proyecto Infodemia”.

Es a quien más pagaron por esa labor con la presentación de tres facturas por un monto total de 124 mil 899 pesos y en tres meses continuos. La misma persona ha salido como presentador en calidad de verificador de la misma sección que presenta Elorza en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En 2024 Pajarito Cortés fue otro de los grandes favoritos con otro contrato con montos desde 477 mil 594 pesos hasta los 554 mil 009 pesos. Por este contrato presentó 12 facturas, de las cuales 11 fueron por un monto cada una de 38 mil 238.12 pesos y una más por 76 mil 476.25 pesos; es decir un total de 497 mil 095 pesos, cerca de medio millón de pesos.

A la misma persona, en 2023, exhibieron un monto total por contrato con impuestos por 554 mil 009.04 pesos, por sólo 11 “servicios de coordinación, producción y administración de contenido para el proyecto lnfodemia”.

Otro contrato de larga duración, por un año, fue el firmado en enero de 2025 por SPR con adjudicación directa para Gerardo Tlaque Quecholac, por un monto de entre 175 mil 392 y 380 mil 016 pesos. Las facturas presentadas suman un total de 78 mil 866.97 pesos.

En 2024 el mismo Tlaque Quecholac se benefició con otro contrato para el que entregó 12 facturas por un monto total de 284 mil 147.38 pesos. En 2023 también tuvo contrato por 292 mil 320 pesos.

Por ejemplo, en 2022, durante el gobierno de López Obrador, para la conducción y redacción de los proyectos de Infodemia se le dio un contrato por adjudicación directa a la actual directora del Canal Once, Renata Turrent, por un monto total, con impuestos, de 308 mil 536.80 pesos por ocho servicios, en el periodo de abril a noviembre de ese año.

Infodemia también ha firmado contratos para la prestación del servicio de Gestor de Contenidos Digitales en la red Social Tiktok de Canal Catorce, Infodemia y MX Plus, con un monto total con impuestos incluidos de 131 mil 950 pesos.

En la misma dirección que encabeza Elorza, colaboran además de Ramírez, todos con cargos de dirección: José Pech Meraz, en la Dirección de Redes Socio Digitales, que inició en 2019 como jefe de proyecto como encargado de Contenidos Gráficos y Audiovisuales del Área de Redes Digitales con un salario inicial de 11 mil 909 pesos al mes; y actual de 1 millón 5 mil 166 pesos al año.

Emerson Eduardo Segura Valencia, en la Dirección de TV Migrante, y que inició en el servicio público en 2019 como jefe de Departamento en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos con un salario de 17 mil 154 pesos y que concluyó en 2022; para 2024 ingresó al SPR con una remuneración mensual de 70 mil 502. Actualmente tiene un ingreso anual de 951 mil 526, es decir mensual, de 79 mil 293 pesos.

Eduardo Agustín Nava y Mata, de la Dirección de Programación TV Migrante, tiene más experiencia en el servicio público, pues inició en 2001 como gerente en la Subdirección General de Política Cultural, de la Televisión Metropolitana, SA de CV, donde estuvo hasta 2024.

En 2025 se incorporó al SPR como director de Programación en la Dirección General de Comunicación, Plataforma y Redes, con un sueldo de 69 mil 933; el último cargo es de Director de Plataformas Digitales, encargado del Diseño y Elaboración de parrilla de Programación del Canal TV Migrante del SPR, con una remuneración anual actual de un millón 482 mil 150, es decir 123 mil 512 pesos al mes, incluidas compensaciones y prestaciones.