CIUDAD DE MÉXICO “No jueguen con nuestro dolor”, con esa consigna, familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México se preparan para protestar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, y colocar su reclamo en el principal escaparate internacional del país: mientras el Estado acelera obras, recursos y atención para el torneo, ellos siguen buscando a sus hijos entre investigaciones estancadas, protocolos incumplidos, evidencias perdidas y una “crisis de desaparición e identificación forense” que, denunciaron, no es atendida con la misma urgencia.
El gobierno encabezado por la morenista Clara Brugada se alista para recibir turistas, cámaras y espectáculos, frente a una ciudad que en los primeros tres meses de 2026 registró 711 reportes de personas desaparecidas, con 251 personas aún no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Lo anterior quiere decir que este año, en la capital mexicana, se reportaron un promedio de 8.3 desapariciones diarias. Desde que comenzó el registro, en enero de 1952, la CDMX acumula un total de 6 mil 16 personas desaparecidas y no localizadas.
Los números tienen nombre y apellido. Está, por ejemplo, el de Ana Ameli García Gámez, desaparecida el 12 de julio de 2025 en el Pico del Águila del Ajusco, en Tlalpan, cuando tenía 19 años.
También el nombre de Olin Hernando Vargas Ojeda, secuestrado y desaparecido la noche del 26 de noviembre de 2024, con sólo 24 años, luego de haber sido inducido con engaños al Valle del Tezontle, también en el Ajusco, una zona en el sur de la ciudad que se encuentra a 15 kilómetros del Estadio Banorte, que el 11 de junio se convertirá en el único recinto en el mundo en recibir tres veces la inauguración del Mundial.
Las historias que sostienen la protesta
En entrevista con Proceso, las familias de ambos jóvenes, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), narraron la desaparición de sus hijos y la forma en la que las instituciones reaccionaron –o no reaccionaron– ante la crisis.
En el caso de Ana Ameli García Gámez, su madre, Vanessa Gámez, compartió que desde las primeras horas de la desaparición enfrentó una reacción institucional que, a su juicio, fue tardía e ineficaz: “La respuesta no es inmediata, aunque hay un Protocolo Alba para perspectiva de género por ser joven de 19 años, estudiante, pues niña de casa que solamente fue a hacer senderismo. Entonces te das cuenta de toda la deficiencia que existe dentro de las autoridades”.
Además, consideró que las líneas de investigación pueden ser insuficientes y exponer los casos a la pérdida irreparable de un tiempo vital en la localización de personas: “Aunque se hicieron tres, casi cuatro semanas intensas de búsqueda pensando que podía haber sido un accidente, pues se perdió tiempo en que se reconociera que el Ajusco es un lugar donde existen bandas de crimen organizado, desde el robo a mano armada o robo a transeúnte, de robo de autopartes, hasta crimen organizado en donde tenemos talamontes, tenemos cárteles”.
“Después de ocho meses tampoco sabemos nada, ni tenemos una pista certera a qué seguir, porque no se han desahogado o descartado las primeras líneas de investigación”, agregó la madre.
El caso de Olin Hernando Vargas Ojeda es igual un reflejo de la actuación tardía de las autoridades. Su padre, Fernando Vargas, describió un abandono institucional desde el primer momento: “Desde las primeras horas tuvimos comunicación con el entonces fiscal Ulises Lara (actual fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República, FGR) y simplemente se limitó a decirnos que presentáramos nuestra denuncia en el Ministerio Público. El Ministerio Público no nos recibió la denuncia ni tampoco la policía nos prestó ayuda”.
El buscador también denunció pérdida de evidencia, retrasos en su análisis y falta de seguimiento a líneas de investigación: “Nosotros responsabilizamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la integridad de la vida de nuestro hijo, precisamente por esos errores cometidos desde el primer momento sin seguir protocolos de búsqueda ni de investigación en estos delitos de secuestro y de abuso”.
“Yo diría que hay una crisis institucional de muchas autoridades, de muchas reglas de competencia, fiscalías generales, fiscalía local, policía y ninguna da resultados. De esto habla también lo que se ha escrito sobre el grado de impunidad del delito de desaparición de personas, que es de casi el 100%. O sea, es absoluta la impunidad en este tipo de delitos”, añadió.
Ambas familias se presentaron en las instalaciones de esta redacción con las fichas de desaparición de sus hijos impresas y una manta en la que escribieron: “¡Que no se juegue con nuestro dolor! Seis mil desaparecidos en la CDMX”.
Vanessa Gámez fue clara con su postura: “Si a Ameli le gustara el futbol, hoy no va a estar para verlo; si a Hernando le gusta el futbol, tampoco va a estar para ver el Mundial, y eso es lamentable, porque en nuestras casas hay sillas vacías, hay comedores que lo siguen esperando. No sabemos si comen, ni siquiera sabemos si están vivos o qué les han hecho. Y eso debe doler, eso debe causar dolor”.
Desapariciones desplazadas
La protesta, en ese sentido, representa la decisión de las víctimas indirectas de llevar la crisis de desapariciones al centro simbólico de un evento global.
“Es mostrarle al mundo que sí hay una crisis de desaparición, que no es seguro venir a México, y que a nuestra a nuestra presidenta (Claudia Sheimbaum) y a nuestras autoridades lo que les interesa es solamente el Mundial. Que eso es lo que les importa, pero que lo que estamos sufriendo, el dolor que estamos viviendo de no tener a nuestros hijos con nosotros, a nuestros familiares que han sido desaparecidos, que han sido privados de su libertad ilegalmente, eso no les importa”, sentenció Gámez.
Lo que las familias buscan, de acuerdo con sus propias palabras, no es reventar el torneo ni confrontarse con quienes asistirán a los partidos. Quieren irrumpir en la narrativa oficial del Mundial con una realidad que, sostienen, está siendo desplazada.
Penny Ramírez, asistente de incidencia del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero), lo describió así: “Hay muchas veces que sienten como este abandono institucional y que lo están haciendo solos y que de repente llega un evento de tal magnitud que toda la atención se vuelve hacia este evento deportivo y ellos otra vez quedan un poco como hacia la deriva”.
La especialista explicó que la inconformidad se vincula con compromisos pendientes en materia de búsqueda e identificación forense. “Hay una deuda muy grande con las familias en cuestión de infraestructura para la búsqueda de personas desaparecidas. (...) Llevas meses prometiéndoles que ya va a estar el Centro de Identificación Forense y el Centro de Resguardo Temporal y no hay una claridad de cuándo se va a entregar, pero sí hay una inversión millonaria en función de la infraestructura para el mundial, pero no para las familias”.
Ha pasado casi un año desde que Brugada presentó la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, el 28 de abril de 2025. Los centros mencionados por Ramírez forman parte de los compromisos asumidos por la mandataria en ese entonces, que continúan pendientes.
Llevar la crisis al escaparate del Mundial
Los padres de Ana Ameli García Gámez y Olin Hernando Vargas Ojeda adelantaron que la movilización está planteada para desplegarse en los accesos al Estadio Banorte durante la inauguración del Mundial.
Contará con la participación de familias buscadoras independientes y colectivos de la Ciudad de México, entre ellos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles, Mariposas, Armadillos —que participan de forma solidaria—, Buscando a Pamela Volante y Familias Unidas por una Causa.
Las familias prevén distribuirse en distintos puntos de ingreso, incluso en zonas cercanas al estadio, para visibilizar los casos antes de que los asistentes entren al evento.
La dinámica central consistirá en el uso de playeras blancas y fichas de búsqueda con los rostros y datos de personas desaparecidas. Para organizar la participación, prepararon un registro mediante código QR que permitirá a quienes se sumen inscribirse, ubicar puntos de encuentro y acceder a fichas para imprimir o portar durante la jornada.
La intención es que los asistentes al partido también participen en la visibilización, ya sea portando las fichas o mostrándolas durante el evento, de modo que los rostros de personas desaparecidas estén presentes tanto en los accesos como dentro del estadio, aprovechando la exposición mediática y la transmisión internacional.
“Solamente quienes tienen el recurso podrán entrar a ver este espectáculo, pues que lo hagan, que nos ayuden de esa forma, que se pongan de blanco, que se impriman una ficha; si tuvieron para un boleto de más de 100 mil pesos, podrían imprimir una ficha de un desaparecido y dentro del estadio mostrarla”, precisó Vanessa Gámez.
Además de la intervención en el entorno del estadio, las familias ya comenzaron a llevar el reclamo a embajadas de países participantes en el Mundial, donde buscan compartir cifras y advertir sobre la crisis de desapariciones en México: “A decirles que si alguno de sus ciudadanos viene y desaparece, no lo van a encontrar, no lo van a buscar porque no hay recursos”.
Sandra Delia Ojeda Rivera, la madre de Olin Hernando Vargas Ojeda hizo un cálculo simbólico para dimensionar la magnitud de la problemática: “Si en el mundial tratáramos de darle un lugar a nuestros desaparecidos en el Estadio Azteca, es insuficiente, necesitamos dos estadios para colocar a nuestros desaparecidos”.
Ésa es la ciudad que las familias quieren colocar frente al Mundial: no la de los anuncios, los accesos, los operativos y la infraestructura, sino la de las sillas vacías, los expedientes abiertos, las búsquedas inconclusas, las madres que se organizan para repartir fichas en vez de recibir respuestas, y los hijos que no están.
