La reforma en materia electoral, también conocida como 'Plan B', a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación la semana pasada.
Una vez llevado a cabo este procedimiento de tipo administrativo, las partes inconformes están facultadas para presentar recursos de impugnación ante el Poder Judicial.
La batalla que viene
Los partidos políticos de oposición se declaran dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para echar abajo los cambios a leyes secundarias que votaron el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Congreso.
El primero en presentar una acción de inconstitucionalidad fue el partido Movimiento Ciudadano que, entre otras cosas, alega que la reforma atenta contra la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la independencia y facultades fiscalizadoras de las autoridades electorales y varios derechos humanos relacionados con las normas electorales.
En los próximos días se espera que los partidos políticos del viejo régimen hagan lo mismo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se 'frotan las manos' para derrotar al oficialismo, por lo menos fuera de las urnas.
Y es que ante la opinión pública estos tres partidos han destacado, como una de sus virtudes, su capacidad para rechazar las reformas constitucionales que provengan de Palacio Nacional.
Una de las excepciones a la regla fue la segunda reforma sobre la Guardia Nacional, que fue aprobada el año pasado gracias a los votos de varios legisladores del PRI y que, por algunas semanas, propició la fractura de la alianza 'Va por México'.
En cuanto a las reformas a leyes secundarias, no obstante, con todo y las impugnaciones de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, hasta el momento todas han recibido fallos a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El objetivo de la oposición no es otro que demostrar que, a pesar de que no son mayoría en el Congreso federal ni en la mayoría de los Gobiernos de los estados, "es posible derrotar" a Morena y sus aliados desde el Poder Judicial.
Sin embargo, la electoral, que ahora es objeto de controversia, guarda un cariz particular. Y es que se trata de la primera reforma cuya constitucionalidad será deliberada por una presidencia de la Corte, cuya titular, Norma Piña, no era la favorita del Gobierno para ocupar el cargo.
Así las cosas, desde la oposición esperan que la reforma electoral sea declarada inconstitucional y, con ello, que López Obrador quede expuesto ante la opinión pública como un mandatario con talante antidemocrático, que violenta sin tapujos los principios de la Carta Magna.
Su objetivo no es otro que demostrar que, a pesar de que no son mayoría en el Congreso federal ni en la mayoría de los Gobiernos de los estados, "es posible derrotar" a Morena y sus aliados desde el Poder Judicial.
Esta campaña, dirigida a sabotear las reformas del Gobierno, aparte de contar con el apoyo de magnates y empresarios vinculados al viejo régimen, como Claudio X. González Guajardo y Gustavo de Hoyos Walther, cuenta también con el espaldarazo del vecino del Norte.
Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias
Sabotaje desde Washington
Altos funcionarios de agencias estadounidenses y la Administración de Joe Biden han dejado claro que no están de acuerdo con la reforma electoral aprobada en México.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Brian A. Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano.
A finales de febrero, a través de sus redes sociales, y sin entrar en detalles sobre el contenido de la reforma, Nichols salió en defensa de los argumentos de la oposición, señalando que Washington apoyaba instituciones electorales "independientes" y con "recursos" para desempeñar sus funciones.
A los comentarios de Nichols, siguieron los de Samantha Power, titular de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) quien, hasta la fecha, no ha ofrecido una explicación pormenorizada sobre el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que López Obrador considera "opositoras" a su Administración.
Hay que recordar que fue en mayo de 2021 cuando el mandatario mexicano envió una nota diplomática al Gobierno estadounidense para que rindiera cuentas de los motivos que lo llevaron a realizar aportaciones multimillonarias a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C. (MCCI), una organización fundada por Claudio X. González Guajardo y de la que en ese momento era su presidente.
González Guajardo, durante el tiempo que estuvo al frente de esta organización que rechazaba perseguir fines políticos, al mismo tiempo, se dedicó a impugnar ante el Poder Judicial varias de las obras de infraestructura del Gobierno, así como a convocar a los líderes de los tres partidos del viejo régimen para articular un frente electoral contra el oficialismo.
En cuanto a la reforma electoral, Samantha Power, a la cabeza de la agencia estadounidense que tiene entre sus objetivos la defensa de la democracia y el Estado de derecho, la considera innecesaria: el Instituto Nacional Electoral (INE), bajo su perspectiva representa, un "modelo de eficiencia".
Es la primera vez que desde la Casa Blanca se pone en entredicho la vocación democrática del Gobierno mexicano, si bien todavía no se coloca a México dentro del grupo de países que Washington considera parte de un "eje del mal" en la región.
Así lo señaló a través de sus redes sociales apenas un día después de la concentración convocada por los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil en rechazo a la reforma electoral, llevada a cabo por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México.
Entonces, López Obrador estalló. En una de sus conferencias de prensa matutinas, el mandatario instó a Washington a dejar de intervenir en los asuntos internos de la nación latinoamericana.
"Hay más democracia en México que en EE.UU.", sentenció, al tiempo que pidió a Antony Blinken, titular del Departamento de Estado, atender sus propios asuntos y mirar lo que estaba pasando en países como Perú que, de acuerdo con el presidente mexicano, es víctima de un "golpe de Estado".
Días después, en el marco de un encuentro del Grupo de los 20 (G-20) realizado en la India, el canciller Marcelo Ebrard mantuvo un encuentro con Blinken en el que le habría solicitado respeto a la soberanía de México sobre sus procesos legislativos.
A partir de entonces la Administración estadounidense no hizo más comentarios. Nada agregó sobre los dichos del presidente mexicano, ni sobre lo abordado entre Blinken y Ebrard.
Para el Gobierno de la denominada 'Cuarta Transformación', EE.UU. había cruzado la línea. Y es que a través de las declaraciones de sus funcionarios, Washington terminó respaldando a la oposición en México, que mantiene la esperanza de que la Corte termine declarando inconstitucional la reforma.
Es la primera vez que desde la Casa Blanca se pone en entredicho la vocación democrática del Gobierno mexicano, si bien todavía no se coloca a México dentro del grupo de países que Washington considera parte de un "eje del mal" en la región.
En este sentido, llama la atención que, entre los asistentes a las marchas en apoyo a la demanda de #ElINENoSeToca, hay quienes sostienen que la Administración de López Obrador pretende perpetuarse en el poder y, en consecuencia, instalar una "dictadura".
"Llevar el país al comunismo" y "coartar las libertades", según algunos manifestantes, es "seguir el camino" de Gobiernos como los de Cuba y Venezuela: la misma narrativa que se propala desde el Gobierno de la Unión Americana.
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