La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quedó envuelta en un grave escándalo político luego de que se filtraran audios de una conversación en la que presuntamente se ofrecía como informante del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), a cambio de no ser extraditada a EE.UU.
El diario El Universal publicó los audios en los que Ávila Olmeda habla con un supuesto "asesor externo" del FBI, quien le advierte que tiene una "última oportunidad de hablar" antes de que avance un proceso legal en su contra en territorio estadounidense.
"¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición? (...) ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber", dice en el fragmento en el que ofrece apoyar al FBI con información para evitar las posibles sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU.
"Yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad", añade en lo que podría constituirse un delito de traición a la patria.
¿Qué pasó?
La crisis política se remonta a mayo del año pasado, cuando Ávila Olmeda, quien es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, se convirtió en la primera gobernadora mexicana a la que EE.UU. le retiraba la visa, sin mayores explicaciones.
Desde entonces, existen versiones de que el siguiente paso será una imputación por presuntos delitos de crimen organizado, como ocurrió en abril pasado con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien tuvo que pedir licencia y dejar el cargo de manera temporal.
Además, EE.UU. revocó la visa del exesposo de la gobernadora, Carlos Torres, quien fue coordinador de Proyectos Extratégicos de Baja California y fue acusado de ser cómplice de una facción del Cártel de Sinaloa.
Presuntamente, Torres le permitía las operaciones al cártel en el estado, a cambio de sobornos mensuales que ascenderían a unos nueve millones de pesos (alrededor de 514.000 dólares). Después de esta primera controversia, la pareja se divorció.
Pero el caso se reavivó el mes pasado, cuando se filtró una primera parte de la conversación de la gobernadora con el "intermediario" del FBI. Aunque ella reconoció que la grabación era real, negó que estuviera haciendo "acuerdos en lo oscurito" con agencias de EE.UU.
Con respecto a la nueva publicación, Ávila Olmeda confirmó en un comunicado que los audios forman parte de una conversación que, efectivamente, mantuvo con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, pero que no acreditararon formalmente dicha representación.
Sin embargo, aseguró que se encuentra "tranquila" y "con plena disposición" para aclarar su situación ante la justicia, puesto que asegura que no cometió "ningún acto irregular". Como justificación, apuntó que su ofrecimiento de intercambio de información con el FBI se corresponde con las labores de coordinación que debe realizar Baja California, como estado fronterizo, con autoridades de México y EE.UU. en materia de seguridad, bajo un principio de "no subordinación".
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