Con música, libros y danza, colectivos reclaman justicia y paz en Plaza Palestina

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Matrix Network México / Ahora Noticias Mx 

Música, poesía y danza confluyeron durante más de 11 horas en el Centro Histórico para denunciar la violencia y reivindicar la cultura como herramienta política y de vida. 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Por: Redacción / Redes Sociales 

Este sábado, la Plaza Palestina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, vibró con sonidos, imágenes y palabras durante la jornada Un rumor se levanta. Algo sucederá en la ciudad…, que reclamó justicia desde Gaza hasta México. 

Durante más de 11 horas, la música, la poesía y la danza tejieron un recorrido donde cada intervención fue una declaración política y una celebración de la vida frente a la violencia. 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Por: Redacción / Redes Sociales 

Palestina se hizo tangible: herida abierta que refleja el despojo, la militarización y las luchas contra la opresión en distintos rincones del mundo. Activistas y colectivos nombraron la plaza “territorio libre de apartheid” y la definieron como un lugar de resistencia compartida, donde la cultura se mezcla con la acción política. 

A las 11 horas comenzó la presentación del libro ¿De qué nos van a perdonar?, publicado por la Fundación Rosa Luxemburgo. Participaron la periodista y columnista de La Jornada Gloria Muñoz Ramírez, la activista Cristina Híjar y el artista gráfico Antonio Valverde, con Jaime Quintana como moderador. 

La obra incluye 30 testimonios de luchas actuales, acompañados de grabados que conmemoran el 30 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Híjar recordó que la pregunta que da título al libro, tomada de un comunicado de 1994, sigue vigente como llamado a la organización y la solidaridad. 

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Textos y grabados conectaron comunidades de México, Palestina, Kurdistán, la Amazonía y la Patagonia, y dejaron claro que las resistencias dialogan entre sí y que el zapatismo sigue siendo fuente de inspiración para alternativas al “mal vivir”. 

Valverde reflexionó sobre el papel político del arte, la criminalización de la protesta y la desmovilización social, y exhortó a artistas y talleres gráficos a crear imágenes que acompañen estas luchas. 

Los grabados también se exhibieron en La Bestia, proyecto de Punto Magnolia. Espacio de Arte dispuesto como galería abierta para recorrer y dialogar con las obras. 

Al escenario subieron agrupaciones musicales y escénicas como La Mosca con Smoking, Los Nakos, Botellita Retornable, León Chávez Teixeiro, Las Musas Sonideras y Mexican Sound System, así como compañías de danza como Pendular, La Coraza y Barro Rojo, llenando de historia, ritmo y compromiso el espacio. 

La cita cerró a las 22 horas con un fandango masivo que unió canto, baile y compromiso por la paz y la vida. 

Familias desalojadas marchan al Congreso de la CDMX para exigir vivienda y diálogo

STAFF Noticiero Ahora Mx / Por: Alexa Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Mara Ximena Pérez / La Jornada / Ahora Noticias Mx 

Personas que fueron desalojadas del edificio ubicado en la calle República de Cuba número 11, colonia Centro, bloquean Paseo de la Reforma, al cruce con avenida Bucareli, en exigencia de diálogo con las autoridades, en la Ciudad de México, el 15 de diciembre de 2025. 

Ciudad de México. Familias desalojadas de distintos predios de la Ciudad de México marcharon este lunes del Antimonumento de los 43 con dirección al Congreso de la Ciudad de México, donde ya arribaron para exigir diálogo con las autoridades y garantías al derecho a la vivienda. La movilización es encabezada por habitantes desalojados de República de Cuba 11, en la colonia Centro, así como de inmuebles ubicados en Tonalá, Mar Blanco y del pueblo de Xoco. 

Durante su recorrido, un grupo de manifestantes bloqueó Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con avenida Bucareli, lo que generó afectaciones a la circulación. Con mantas y consignas como “Vivienda para vivir, no para invertir” y “No a la gentrificación”, denunciaron desalojos que califican como irregulares y vinculados a intereses inmobiliarios. 

Las personas inconformes señalaron que se trata de familias de bajos recursos, muchas de ellas con adultos mayores, que fueron desalojadas sin alternativas habitacionales. Frente al Congreso capitalino, demandaron reformas legales que garanticen procesos de desalojo con apego a derechos humanos, frenen el despojo de vivienda y permitan recuperar inmuebles para vivienda. 

Denuncian nuevas irregularidades en desalojo de Cuba 11 en el Centro Histórico de la CDMX

STAFF Noticiero Ahora Mx / Por: Renata Escobar / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Mara Ximena Pérez / La Jornada / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Por: Redacción 

Las irregularidades detectadas, señaló el abogado del caso, Arturo Aparicio, podrían derivar en responsabilidades administrativas graves e incluso en delitos como fraude procesal, por la participación de actuarios, notarios y particulares. 

Ciudad de México. Vecinos del predio República de Cuba 11, en el Centro Histórico, tuvieron acceso al expediente completo del juicio 2059/2024, a cargo del Juzgado 54 de lo Civil, que derivó en el desalojo ocurrido el 27 de agosto y que, aseguran, constituye un “despojo disfrazado de desalojo”; la revisión reveló nuevas irregularidades en el proceso. 

Mediante una rueda de prensa, realizada en el campamento, explicaron que el contrato de compraventa que dio origen al juicio carece de formalidades básicas: no incluye firma de testigos ni ratificación ante notario, y no acredita que la presunta vendedora, Mireya Díaz, tuviera derechos sobre el inmueble ante el Registro Público de la Propiedad.  

“El desalojo se ordenó sin escritura de propiedad; hasta hoy no se ha validado quién vendió ni quién tiene el derecho real sobre Cuba 11”, señaló Ana Gloria Cruz, una de las afectadas.  

También denunciaron irregularidades en la notificación judicial de Elías Alejandro Cisneros González, secretario actuario del Juzgado A, quien asentó que la diligencia fue recibida por María Esther P.E. –esposa del vecino Manuel Gómez– quien falleció el 9 de marzo de 2020. “Aparece incluso un número de credencial de elector; no sabemos cómo obtuvieron ese dato”, dijo Gómez. 

Los vecinos afirmaron que el procedimiento ignoró las Observaciones Generales 4 y 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre vivienda y desalojos, obligatorias para México al amparo del artículo 11 del Pacto Internacional del ramo, lo que constituye, advirtieron, una violación grave a derechos humanos. 

Asimismo, llamaron al Congreso capitalino y al Poder Judicial a asumir responsabilidad, al considerar que la ausencia de normas claras y supervisión judicial favorece prácticas asociadas al llamado “cártel inmobiliario”. 

En conferencia, convocaron a una movilización el 15 de diciembre, con marcha y mitin rumbo al Congreso de la Ciudad de México para entregar una iniciativa ciudadana sobre desalojos y exigir un marco legal que prevenga estos casos. Presentaron además el arranque de su campaña por el derecho a la vivienda, que incluye una propuesta de reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo y establecer controles de renta que eviten incrementos abusivos. 

El abogado del caso, Arturo Aparicio, explicó que si la jefa de gobierno Clara Brugada, no considera asumir la propuesta, requerirán al menos 12 mil firmas para ingresar la iniciativa y 20 mil para presentarla como preferente. 

Advirtió que las irregularidades detectadas podrían derivar en responsabilidades administrativas graves e incluso en delitos como fraude procesal, por la participación de actuarios, notarios y particulares. 

Desalojan a más de diez familias de un predio en la alcaldía Cuauhtémoc

STAFF Noticiero Ahora Mx / Por: Alexa Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Mara Pérez / La Jornada / Ahora Noticias Mx 

La Capital de la Transformación 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / Foto: Especial

Ciudad de México. Más de diez familias fueron desalojadas la madrugada de este lunes de un predio ubicado en Antonio Caso 163, en la colonia San Rafael, de la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los afectados, un grupo de hombres ingresó por la fuerza a sus viviendas, los golpeó y robó parte de sus pertenencias antes de expulsarlos del inmueble.

En protesta, los vecinos mantienen bloqueada la vialidad con colchones, muebles y objetos personales que quedaron esparcidos en la calle tras el desalojo.

“¿Siguen los desalojos ilegales?” y “Me dejaron sin casa y exigimos su ayuda”, se lee en las cartulinas que portaban algunos de los afectados mientras resguardaban lo poco que lograron rescatar.

En la zona se observan decenas de enseres como muebles y colchones amontonados sobre el pavimento, así como familias completas intentando recuperar pertenencias.

Los afectados pidieron la intervención inmediata del Gobierno, así como de la alcaldía Cuauhtémoc, para frenar lo que calificaron como un "desalojo ilegal” y garantizar su seguridad. 

Amenaza de desalojo pone en riesgo a adultos mayores de perder su hogar

STAFF Noticiero Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Mara Ximena Pérez / La Jornada / Ahora Noticias Mx  

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Ciudad de México. En la colonia Lomas de Chamizal, en Cuajimalpa, entre los grandes edificios que hoy se levantan sobre antiguos cerros, una pareja de adultos mayores se resiste a formar parte del numeroso grupo de familias que han sido desalojadas en los años recientes. Sobre la avenida Secretaría de Marina y la calle Corbeta, en la manzana 29, lote 3, Roberto Buendía Álvarez y Alicia García Venegas han vivido más de medio siglo en el terreno adquirido por el padre de él, Roberto Buendía Hinojosa, ex trabajador de la industria militar.

En 1964, empleados de la Fábrica Nacional de Armas formaron la sociedad civil Lomas de Chamizal, mediante la cual compraron los terrenos donde realizaban prácticas de tiro. “El propósito de la agrupación era para que se ayudaran entre ellos mismos, no tenía un fin de lucro”, relató el señor Roberto. En 1983, los socios ganaron un amparo para frenar la venta ilegal de los lotes, aunque hoy el expediente se reporta extraviado en el archivo judicial.

A partir de 2010, durante la gestión del entonces jefe delegacional, Carlos Orvañanos Rea –hoy alcalde–, apareció una supuesta liquidadora de la sociedad civil con el argumento de regularizar la documentación de los terrenos, entre ellos el lote 3, que había quedado bajo custodia de la sociedad civil tras el fallecimiento de Buendía. La liquidadora fue integrada por cuatro síndicos, entre ellos Miriam Mónica Gutiérrez Martínez. Según los afectados, el proceso sirvió para identificar a quienes carecían de escrituras y comenzar una ola de demandas que derivó en la pérdida de 126 lotes, presuntamente adquiridos por inmobiliarias extranjeras.

En 2011, Miriam vendió de manera irregular el predio de la pareja a Martha Eugenia Olavarría Cabrera en un millón 18 mil pesos; un año después, se inscribió un aviso preventivo de compraventa ante el notario 221, Francisco Talavera Autrique –envuelto en controversias legales sobre adquisiciones–, a favor de la inmobiliaria Shaolon.

En 2022, la pareja enfrentó demandas por “despojo”. “Trataron de desalojarnos el 28 de abril de 2022, a puras mentiras del actuario 67; no traía orden de desalojo”, señaló Alicia. En 2024, la Defensoría Pública los reconoció como víctimas de fraude procesal y pidió a la fiscalía capitalina atender el caso bajo la carpeta CI-FICUJ/UAT-CUJ-1/UI-1S/D/0822/05-2022, lo cual no ha ocurrido.

Ahora enfrentan una nueva demanda por despojo por parte de Olavarría y deberán presentarse el martes 28 de octubre en la sala de audiencias número 18, en un juicio que podría definir el destino del hogar que han construido y defendido por más de 50 años. 

Familia que se opone a desalojo del edificio Beatriz sobrevive pese a amenazas y acoso

STAFF Noticiero Ahora Mx / Por: Pamela Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Mara Ximena Pérez  / La Jornada / Ahora Noticias Mx  

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencias / La Jornada

Ciudad de México. Sin luz estable, ni acceso al agua ni a la azotea y con más de una veintena de goteras que inundan las habitaciones en temporada de lluvias, resiste la última familia que habita en el edificio Beatriz, ubicado en avenida Insurgentes Sur número 385, en la colonia Hipódromo Condesa.

Los inquilinos denunciaron que tras el fallecimiento en 2020 de Antonio Torres Sánchez, socio mayoritario del inmueble, comenzó una disputa legal por la inmobiliaria Escalera Náutica SA de CV, la cual se ostenta como propietaria, situación que derivó en el desalojo de al menos 19 familias a partir de 2022.

“Ahí empezó nuestro calvario porque la inmobiliaria, junto con un despacho jurídico, nos ofreció 75 mil pesos por dejar el departamento, dinero que no aceptamos”, señaló Ariadna Isabel Vera Esquivel, residente desde hace 28 años en el edificio.

Además, en enero de 2023 la inmobiliaria promovió acusaciones por robo de autopartes y venta de drogas para criminalizar a algunos vecinos, lo que generó un ambiente de inseguridad y aceleró el vaciamiento de los departamentos y cuartos de azotea.

Con la intervención de 25 presuntos elementos de la Policía de Investigación armados y encapuchados, “rompieron cámaras y nos quitaron la luz”, relataron los vecinos. El miedo se extendió al grado de que casi todos aceptaron el dinero, entregaron llaves y firmaron con la inmobiliaria, la cual dispuso camiones de mudanza para facilitar la salida de personas que habían habitado por más de cuatro décadas ahí.

Cuando sólo quedaban tres familias aumentó el hostigamiento. “Nos cerraron todas las áreas comunes, quitaron escaleras de herrería para que no subamos. Su intención es que el edificio se deteriore”, acusaron.

Quejas no prosperan

En la actualidad, la familia compuesta de seis miembros es la única que reside en el edificio; “hace tres semanas nos cerraron la bomba de agua”, relató Luis Cruz, esposo de Ariadna. Explicó que ahora la acarrean a diario para llenar dos tambos de 60 litros desde una toma que conecta a la calle.

Aunque han presentado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y denuncias en el Ministerio Público, los procesos siguen abiertos. Mientras tanto, enfrentan el ingreso de personas indigentes al edificio que desde afuera aparenta estar vacío, por lo que se turnan para vigilar las cámaras de seguridad que lograron reinstalar. 

MP, actuarios y hasta notarios han facilitado los despojos en la CDMX

STAFF Noticiero Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Kevin Ruiz / La Jornada / Ahora Noticias Mx 

Despojo de un inmueble en la demarcación territorial Benito Juárez. Foto Alfredo Domínguez /Archivo

La mala actuación de agentes del Ministerio Público (MP), la complicidad de actuarios y hasta notarios públicos que de “buena fe” dan por válidos instrumentos notariales de compraventa sin corroborar que las partes estén presentes han facilitado los despojos en la Ciudad de México, en los que participan desde redes criminales hasta organizaciones civiles promotoras de vivienda, de acuerdo con una revisión de expedientes realizada por este diario.

Por este delito, en seis años, de 2019 a 2024, se han abierto 19 mil 992 carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con un promedio diario de 9.12, según revelan las cifras de las autoridades ministeriales.

Desde 2024, la FGJ tiene documentado que el despojo se comete por medio de la simulación de compraventas, usurpación de identidad, fraudes procesales, falsificación de instrumentos notariales, inscripciones registrales de legitimidad dudosa, con la participación de abogados, notarios y grupos violentos.

En la revisión de expedientes, este diario halló la ejecución de un mismo modus operandi, pero en diferente escala; por ejemplo, en uno de los casos participaron integrantes de una organización civil denominada Construyendo un Proyecto de Vida AC, quienes se apoderaron en 2020 de un inmueble ubicado en Antonio Caso 104, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, donde no fue acatada una sentencia de desalojo emitida por un juez civil.

El abogado Jorge Rábago Moreno, quien abrió dos expedientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, contó que los despojantes mintieron al Instituto de Vivienda al señalar que no había ningún dueño, por lo que la autoridad comenzó un proceso de expropiación, el cual tuvo que ser suspendido cuando se inició el procedimiento en la vía civil.

Litigantes consultados relataron que cuando se acude a denunciar un despojo, los agentes del Ministerio Público suelen decir a las víctimas que la vía penal no es la apropiada para proceder, por lo que les piden iniciar un juicio en materia civil, lo que retrasa las resoluciones, en algunos casos hasta 10 años.

Validan documentos falsos

La abogada Mercedes Estrada encontró el mismo modus operandi, pero esta vez con complicidad de actuarios del Tribunal Superior de Justicia, quienes en un juicio civil dieron por válidos documentos apócrifos como autos de emplazamiento y contratos en comodato, presentado por un particular para apoderarse de una casa en el centro de Tlalpan.

Tan sólo de 2019 a 2023, la FGJ realizó el aseguramiento de mil 7 inmuebles, de los cuales 432 fueron restituidos; sin embargo, en ese periodo se abrieron 16 mil 349 expedientes, es decir, sólo concluyeron 2.6 por ciento.

Además, estableció que las redes criminales encontraron en esta actividad ilícita grandes ganancias. En la carpeta de investigación abierta en 2021 por el despojo de departamentos en la unidad habitacional Fuerte de Loreto, integrantes de La Unión Tepito ingresaron con violencia, cambiaron cerraduras e incluso vendieron departamentos en menos de 100 mil pesos, reveló el abogado Andrés Saavedra, quien representó a una víctima.

El gobierno capitalino adelantó en su primer Informe de actividades que busca cambios normativos, por lo que prevé realizar ajustes en la Ley de Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México, así como en la Ley Registral.