México registra más de 5 mil fosas clandestinas desde el sexenio de Calderón, revela informe de la Ibero

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Cecilia Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Informa: Carolina Gómez Mena  / La Jornada / Ahora Noticias Mx 

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En los últimos tres sexenios se han localizado en México, más de 5 mil fosas clandestinas, establece el informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006 - 2024), elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero). 

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En la presentación del análisis, Andrea Horcasitas Martínez, coordinadora del Programa detalló que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006 a 2012) se documentaron 524 fosas clandestinas. Los estados del norte del país concentraron los hallazgos, siendo Coahuila (56 fosas), Chihuahua (55), Nuevo León (49) y Tamaulipas (43) las entidades con mayor cantidad de fosas documentadas por reportes de medios.

En la administración de Enrique Peña Nieto (2013 a 2018) se documentaron mil 336 fosas y los estados que concentraron la mayor cantidad fueron Veracruz (210 fosas), Guerrero (205) y Jalisco (69) y en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (2018 a 2024), se documentaron 3 mil 292 fosas. Los estados con más hallazgos fueron Sonora (361 fosas), Guanajuato (283) y Colima (217). 

El análisis, basado en solicitudes de acceso a la información dirigidas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR) y un rastreo de notas de prensa locales, nacionales e internacionales, revela que todas las entidades federativas del país han reportado hallazgos de fosas clandestinas en los últimos años, siendo los estados con más fosas Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco.

Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio Montoya Juárez, sostuvo que “las fosas clandestinas son parte de toda esta practica del horror que atraviesa México” y añadió que “para nosotros nuestro día a día siempre es estar buscando una manera de sacarlos de adonde alguien decidió ponerlos” para reencontrarlos con sus familias, para devolverles su nombre. 

En esta inacabable labor “somos las familias las seguimos haciendo el trabajo de las instituciones. Somos nosotros los que nos dedicamos a la búsqueda, investigación y documentación para darles nombres a esos cuerpos y fragmentos humanos que son localizados, les damos un apellido, una familia”.

No obstante, “para la mayoría de las fiscalías encargadas de identificar, solo son una carpeta extraída de un lugar y depositada en otro para pasar días, meses e incluso años en una fosa institucional.”

En Guanajuato, el estado de donde es originaria, comentó que los pozos de agua en desuso son sitios comunes de inhumación clandestina, y que las familias han tenido que desarrollar “métodos rústicos para extraerlos y darles un nombre a los cuerpos.”

Asimismo, habló de los impactos que tiene la búsqueda en las familias tanto emocional, mental y físicamente. Denunció que Guanajuato es “uno de los estados más mortíferos para las familias que buscamos”, pues la violencia hacia ellas ha ido en aumento.

Horcasitas Martínez expuso que existe diferencias entre los reportes de las fiscalías y los realizados en medios de comunicación. De enero de 2006 a septiembre de 2024 las fiscalías reportaron 5 mil 152 fosas clandestinas y 5 mil 718 cuerpos, mientras que en los reportes periodísticos relativos al mismo periodo, se documentaron 3 mil 516 fosas, 8 mil 341 cuerpos de personas desaparecidas y 52 mil 305 restos humanos. 

“Al contrastar los datos que provienen de fiscalías y de medios de comunicación, el informe identifica que si bien las fiscalías registran 46 por ciento más hallazgos de fosas clandestinas que la prensa, los medios de comunicación reportan más cuerpos de personas.”

Además, el informe señala que existen entidades en las que la prensa reporta más hallazgos de fosas clandestinas que las fiscalías locales, siendo preocupante que tres de las entidades con más hallazgos caigan en este grupo: Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco.

Acapulco y Tecomán, entre los municipios con más fosas clandestinas

La investigación también destaca los municipios con mayor número de fosas durante los 18 años analizados: Acapulco, Guerrero (189); Tecomán, Colima (184); Hermosillo, Sonora (110); Veracruz, Veracruz (101) y Juárez, Chihuahua (96). Estos cinco municipios concentran 19 por ciento de los hallazgos de fosas clandestinas a nivel nacional.

Asimismo, también concentran gran parte de los hallazgos de sus estados: Tecomán, con 81 por ciento de las fosas en Colima; Juárez concentra 47 por ciento de las fosas en Chihuahua y Acapulco concentra 45 por ciento en Guerrero.

Otro hallazgo relevante es la identificación de los espacios geográficos donde se han localizado fosas clandestinas: los predios, inmuebles privados y caminos conforman el 73 por ciento de los espacios documentados por medios de comunicación. El 27 por ciento restante se localiza en zonas montañosas como cerros o barrancas; ejidos; a un costado de cuerpos de agua como arroyos, presas o canales; terrenos de cultivo y pozos. Además, el informe señala que se han localizado fosas clandestinas en parques infantiles, negocios como salones de fiesta y panaderías, así como en mercados y en escuelas.

Durante la presentación del informe, las investigadoras Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno del Programa de Derechos Humanos de la Ibero destacaron que el fenómeno de fosas clandestinas ”no responde a hechos aislados, si no a la omisión y negligencia sistemáticas”.

Subrayaron la necesidad de tener registros especializados y actualizados que permitan la trazabilidad de los restos una vez que son exhumados, pues actualmente “hay alrededor de 83 mil restos humanos sin identificar en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales”, lo cuál implica un nuevo proceso de búsqueda de personas una vez que los restos están en manos de las autoridades. 

Invitaron a revisar el informe Enterrar la verdad: Opacidad la calidad de la información sobre fosas en México, publicado el 14 de julio de este año, que documenta cómo las respuestas de las fiscalías locales en relación a fosas clandestinas disminuyeron con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Eduardo Gabriel Ramírez Chaufón, quien busca a su hermano Ángel Gerardo Ramírez Chaufón, compartió su testimonio. “Este camino de buscar a Ángel me ha enseñado que encontrar no es fácil, es una lucha de todos los días con tus propios pensamientos”.

Contó que la búsqueda “es algo que te cambia la cabeza, ya que no puedes ver un cerro o un baldío sin pensar que ahí puede haber alguien esperando que lo saquen”. Reafirmó que “como hermano, tengo ese compromiso de no dejarlo ahí solito...seguir buscando es lo único que nos queda como hermanos. Yo sé que Ángel haría lo mismo por mí”.

Denise González Núñez, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), hizo un recuento de lo que ha cambiado en el panorama de desaparición desde la primera edición del informe en 2015. Entonces, la cifra de desapariciones rondaba entre las 25 y 30 mil personas desaparecidas, había menos colectivos de búsqueda y no existía una Ley General en la materia.

Dijo que, hoy, a pesar de que existe esa ley, así como instituciones especializadas de búsqueda e investigación, “la cifra ha aumentado a 135 mil personas desaparecidas y el fenómeno de fosas clandestinas continúa sin respuestas adecuadas.”

Destacó que el esfuerzo de este informe, desde su primera edición, fue el primero que se hizo para construir un panorama de la inhumación clandestina y su relación con la desaparición y los derechos humanos y expresó su esperanza en que las autoridades hagan uso de las herramientas metodológicas para avanzar en la garantía del derecho a la verdad y el derecho a la justicia. 

Múltiples corporaciones de seguridad vulneran ejercicio periodístico de a Rosy Linares, en Morelos

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: Meltem "Miel y Tiempo" Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Informa: Melissa Hernández / Ahora Radio Mx / Ahora Noticias Mx 

Foto: Imagen Ilustrativa / Agencia de Noticias Matrix 2026 

Ciudad de México, 4 de agosto de 2026. ARTICLE 19 expresa preocupación ante las retención indebida e intimidaciones sufridas en la madrugada del 23 de julio de 2026 por la periodista freelance Rosy Linares, colaboradora del medio digital Proyecto Camaleón, durante la cobertura de un operativo de seguridad realizado en Temoac, Morelos, en el que participaron la Fiscalía General de Justicia de Morelos, el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Morelos.

Rosy Linares acudió al lugar tras ser alertada por una fuente sobre la realización de un operativo conjunto. Al llegar, se ubicó en un punto alejado y con mayor visibilidad para no interferir con las labores de las corporaciones. Minutos después fue abordada sucesivamente por policías municipales de Temoac, policías de vialidad del municipio aledaño de Ocuituco y, posteriormente, por un elemento del Ejército mexicano, quienes en cada caso le solicitaron identificarse y acreditarse como periodista, a lo que la reportera accedió sin oponer resistencia.

En este contexto, un elemento castrense le preguntó a la periodista que si «¿no tiene miedo de que le den un plomazo?». La formulación por parte de un agente estatal armado, en el contexto de un operativo de seguridad y dirigida a una periodista que se encontraba sola, constituye una forma de intimidación con un efecto amedrentador evidente sobre el ejercicio periodístico. Acto seguido, el mismo elemento del Ejército le exigió revelar la identidad de la fuente que le había informado sobre el operativo. Esto se sumó a expresiones similares formuladas por un elemento municipal de Temoac.

Minutos después de este intercambio, arribó el contingente completo del operativo, compuesto por diversos vehículos de las distintas corporaciones. Cuando Rosy descendió de su unidad con la intención de tomar fotografías y video, fue abordada por una persona vestida de negro, presuntamente adscrita a la SSP Morelos, quien le indicó que el lugar era «un foco rojo» y le ordenó subir nuevamente a su vehículo y retirarse. Para ese momento, sin embargo, distintas unidades de las corporaciones participantes ya habían rodeado el automóvil de la periodista, con lo que le era imposible retirarse. Ante esta imposibilidad, el mismo agente le instruyó permanecer dentro del vehículo sin tomar fotografías ni video «hasta que el operativo terminara». Rosy permaneció así, con la visibilidad obstruida por una unidad de la Guardia Nacional estacionada frente a ella, durante alrededor de una hora, tiempo durante el cual fue retenida indebidamente, así como negada su posibilidad de documentar los hechos y ejercer su labor periodística.

Una vez que el operativo se replegó, Rosy caminó hacia la Presidencia Municipal con el fin de fotografiar el edificio. En ese momento fue interceptada por dos policías municipales de Temoac, una de las cuales, le exigió retirarse y le negó la posibilidad de fotografiar el lugar. Al insistir Rosy en que le permitieran realizar su labor periodística, la agente comenzó a empujarla y a realizar contacto físico y tocamientos indebidos, a pesar de que la periodista exigió a la agente policial que no tuviera contacto físico con ella. . Las agentes municipales alegaron que Rosy habría cruzado una cinta de seguridad que, sin embargo, nunca fue colocada.

En este contexto, ARTICLE 19 recuerda que:

De conformidad con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, derecho que resulta especialmente protegido cuando se ejerce en relación con asuntos de interés público, como lo son los operativos de seguridad realizados por fuerzas del Estado tras el asesinato de un alto funcionario público. Las expresiones o conductas de agentes estatales armados que puedan ser razonablemente interpretadas como intimidatorias hacia periodistas generan un efecto amedrentador (chilling effect) sobre el ejercicio de la libertad de expresión. 

Aunado a esto, el secreto profesional y la protección de las fuentes periodísticas constituyen un elemento esencial para el ejercicio del periodismo en una sociedad democrática. Impedir o negar a periodistas documentar actuaciones de autoridades en el espacio público constituye una forma de bloqueo informativo. Toda violencia ejercida por agentes del Estado contra una periodista en el ejercicio de su labor constituye una violación agravada a sus derechos humanos, que debe ser investigada con la debida diligencia y perspectiva de género.

Por lo tanto, ARTICLE 19 exige:

• A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, así como a la Fiscalía General de la República: iniciar de oficio una investigación pronta, dentro del marco de su competencia, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de género, sobre los hechos de violencia física y sexual, así como sobre la intimidación cometida en agravio de la periodista Rosy Linares, e identificar y sancionar a las personas responsables, sean éstas policías municipales, estatales o personal de corporaciones federales según corresponda.

• A la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional: revisar y reforzar los protocolos de actuación de su personal en presencia de periodistas durante operativos de seguridad, a fin de garantizar que bajo ninguna circunstancia se emitan expresiones intimidatorias ni se exija a las y los periodistas revelar sus fuentes de información.

• A la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos y a los ayuntamientos de Temoac y Ocuituco: garantizar que las labores de sus corporaciones no impliquen el cerco, bloqueo o restricción arbitraria a la labor periodística, y capacitar a su personal en materia de libertad de expresión y trato a periodistas en el ejercicio de sus funciones.

• A las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Estado de Morelos: iniciar una queja de oficio, dentro del ámbito de sus competencias, por los hechos sufridos por la periodista Rosy Linares. 

Policías capitalinos concentran más de 20 mil quejas por presuntas agresiones y detenciones arbitrarias

STAFF TeleDiario Ahora Mx / Por: María Fernanda Córdova S / Por: Redacción / Matrix Digital Mx / Con información: Matrix Network México / Ahora Noticias Mx 

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La especialista de Causa Común advirtió que no existe información pública desagregada sobre cuántos elementos han sido sancionados específicamente por uso excesivo de la fuerza, lo que dificulta conocer el alcance de los abusos de la corporación 

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Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) registró 20 mil 119 expedientes de queja en los que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue señalada como autoridad presuntamente responsable por probables violaciones a derechos humanos. De acuerdo con datos oficiales, 2025 fue el año con mayor número de quejas, al acumular 3 mil 890 expedientes. 

La información contenida en los informes anuales de la CDHCM muestra que las menciones de la SSC como autoridad presuntamente responsable han presentado variaciones a lo largo del periodo, primordialmente han aumentado. 

En 2018 se registraron 2 mil 033 menciones; en 2019 la cifra descendió a 1 mil 081; en 2020 aumentó a 1 mil 509; en 2021 se contabilizaron 2 mil 305; en 2022 se alcanzaron 3 mil 361, el nivel más alto hasta ese momento; en 2023 se reportaron 2 mil 957; en 2024 fueron 2 mil 893, y en 2025 se llegó a 3 mil 890 expedientes. 

Denuncias por presunto abuso policial 

Uno de los casos más recientes ocurrió a inicios de noviembre, cuando Erick Omar, de 21 años, fue detenido por policías capitalinos mientras paseaba a su perro en la colonia Zona Centro, en la alcaldía Venustiano Carranza.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo tres elementos lo someten, lo golpean, lo arrastran y lo suben a una patrulla. Horas después, el joven fue localizado sin vida en la calle Miguel Negrete, en la colonia 10 de Mayo. 

El caso fue documentado y es investigado por las autoridades por la presunta responsabilidad de los agentes involucrados.

Ese mismo mes, durante la marcha de la Generación Z realizada el 15 de noviembre, se registraron agresiones de policías en contra de manifestantes, hechos que derivaron en la presentación de al menos 10 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. 

Recomendaciones de la CDHCM 

La CDHCM ha emitido diversas recomendaciones contra la Secretaría de Seguridad Ciudadana por el actuar de sus elementos. Una de ellas fue publicada el 8 de julio de 2024 y se relaciona con la detención arbitraria, ilegal y actos de tortura cometidos el 2 de mayo de 2023 en contra de un estudiante de la Facultad de Filosofía. De acuerdo con la investigación, el joven fue detenido bajo el argumento de haber participado en un robo. Ya a bordo de una patrulla, los policías le ordenaron auto inculparse en un caso de homicidio. Para presionarlo, lo golpearon, le colocaron cinta en la cabeza para impedirle la respiración y lo amenazaron con sembrarle marihuana si no cooperaba. 

Ante los golpes y amenazas, el estudiante grabó un video con las declaraciones que le ordenaron, bajo la promesa de que sería puesto en libertad. Posteriormente fue trasladado al estacionamiento de la Fiscalía de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde recibió nuevas indicaciones y volvió a ser amenazado. Los policías le advirtieron que si revelaba lo ocurrido “iba a valer y no le tirarían paro”. 

Pese a las promesas realizadas, se le inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio. El joven presentaba huellas de lesiones y dos días después fue trasladado al Reclusorio Oriente. Permaneció privado de la libertad hasta el 11 de junio, cuando fue liberado al determinarse que era incompatible con los hechos. Posteriormente presentó la queja que derivó en la recomendación emitida por la CDHCM. 

En el marco de esa recomendación, la entonces presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez, señaló que, con base en datos INEGI, el 19.1% de las personas privadas de la libertad en la Ciudad de México manifestó haber sido víctima de algún acto de corrupción durante su detención. 

Sin información sobre sanciones 

Por su parte, la investigadora de Causa en Común, Nancy Angélica Canjura, explicó que mediante solicitudes de transparencia realizadas entre 2024 y 2025 se solicitó información a la SSC sobre la reglamentación, evaluación y seguimiento de los protocolos de uso de la fuerza, sin obtener datos completos. Indicó que tampoco existe información pública desagregada sobre cuántos elementos han sido sancionados específicamente por uso excesivo de la fuerza, lo que dificulta conocer el alcance de los abusos al interior de la corporación. 

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con aproximadamente 90 mil policías distribuidos en cuerpos preventivos, de tránsito, auxiliar, bancaria e industrial, así como en unidades especializadas. De 2019 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha emitido 56 recomendaciones en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.